La relación entre las provincias y la Nación sobre cómo distribuir el dinero que se recauda es de por sí compleja. Durante el gobierno de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, la discusión estuvo en el tapete, pero año tras año se firmaron acuerdos que demoran la cuestión central de cómo y de qué forma se redistribuye el dinero de los impuestos.
Desde Economía empujan para que la distribución de impuestos entre Nación y provincias se haga sobre un sistema de premios y castigos. Esto es: que reciban algunos puntos más del porcentaje coparticipado aquellas provincias que demuestren un incremento de la recaudación de impuestos propios, medido por habitante.
Este es el punto nodal de la propuesta de reformas al régimen de coparticipación federal de impuestos que el ministro Roberto Lavagna entregó recientemente a los gobernadores y legisladores, para su discusión.
La idea del ministro es que para fines del 2003 se firme una ley convenio de responsabilidad fiscal federal, que además de establecer estrictos límites al endeudamiento provincial, con las sanciones correspondientes, marcaría una línea de coordinación fiscal a largo plazo entre las jurisdicciones y la Nación.
Ese documento servirá de base para la discusión de un nuevo esquema, que debería ser más eficiente y transparente, según el compromiso que el gobierno asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo es consensuar con las provincias un proyecto de ley definitivo, que sea aprobado en el Congreso nacional y luego ratificado por las Legislaturas provinciales.
Sin embargo, Lavagna ya admitió que ese propósito es difícil de concretar este año, ya que la mayoría de las provincias tendrá elecciones a gobernador en los próximos meses y el asunto, por su importancia, necesita una discusión más serena que la que podría darse en medio de la contienda por los cargos.
Los números
Con el acuerdo vigente, las provincias recibieron en 2002 unos 12.000 millones de pesos sobre una recaudación total de 50.000 millones por impuestos nacionales. La Nación se quedó con 30.000 millones y los restantes 8.000 millones se destinaron a financiar el sistema jubilatorio, de acuerdo con los datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
Según la propuesta formulada por Economía, habría un período de transición de dos años, hasta la vigencia del nuevo régimen. Durante ese lapso, las proporciones del reparto se mantendrían en los niveles actuales. Para eso, se tomaría como referencia de las transferencias mensuales el promedio de los montos que recibió cada una de las provincias en los seis meses previos.
El senador nacional por Santa Fe, Oscar Lamberto, es además un contador experto en ingresos públicos, y tiene posición tomada con respecto a la discusión: "Es un problema político, ningún gobernador quiere perder la posibilidad de recaudar y en los acuerdos que se firman se pone sobre la mesa la capacidad de negociación de cada jurisdicción", sostiene.
Pelea entre partes
En el principio de la ley actual había dos socios: la Nación y las provincias, pero se sumó el sistema previsional como tercer socio.
Para Lamberto, "nadie aceptaría recibir menos de lo que percibe actualmente y si en la firma de los acuerdos en un año se pierden puntitos del presupuesto, inmediatamente los gobernadores se suman al repechaje para el año próximo", abundó con aire de conocedor de los pasillos del poder.
En los puntos coparticipables todo es confuso. "¿Qué es más importante?, ¿un punto más de coparticipación o que se haga una universidad en el territorio?, obviamente la universidad", dice Lamberto.
Pero todo se discute. Los planes sociales de Jefas y Jefes de Hogar también corresponden a criterios distributivos, hay provincias que reciben hasta 10 puntos más de lo que les corresponde en planes, pero a la hora de contar la plata no ponen eso en la balanza.
El nuevo marco de discusión debe llegar al Senado para ser discutido, pero Lamberto es terminante: "Todavía no hay nada, ni un papel firmado ni un compromiso contraido y hasta ahora la discusión se da sólo en los diarios", afirmó.
Para que la nueva discusión no se vea licuada por la expansión del gasto público provincial, y para presionar sobre los puntos acordados en la carta de intención con el Fondo Monetario, Economía buscará que los mandatarios se comprometan a pautas rígidas en el manejo de sus fondos.
La más dura sería que "los servicios de la deuda de cada provincia sea como máximo el 20% de los ingresos netos de transferencia a municipios".
La propuesta para la concreción de una futura ley que despeje el camino del dinero público, elaborada por el equipo de Lavagna, establece ciertas precisiones: la recaudación que exceda el promedio se distribuirá entre las provincias según un criterio novedoso, ya que se tendrá en cuenta el esfuerzo fiscal de cada provincia. Es decir, si han logrado un aumento de su recaudación propia, para no depender sólo del dinero que les envía la Nación diariamente.
Por el lado de regímenes especiales, se eliminarán paulatinamente. Esto va para los fondos eléctricos, de vialidad y de infraestructura, entre otros, con el fin de agrandar la masa coparticipable y repartirla en base a nuevos criterios.
"De este modo se resuelve el complejo sistema de distribución vigente, dotándolo de simplicidad", expresa el documento.
El tercer socio
El gobierno nacional asignará al sistema jubilatorio los recursos que necesite para su funcionamiento, para lo cual hará una previsión de fondos. Otra alternativa es que el régimen jubilatorio se constituya en un tercer socio del régimen, luego de la Nación y de las provincias, pero desde otra óptica.
Además se conformará un Fondo para la Estabilidad de las Finanzas Provinciales, con dinero que quedará depositado en dólares en el Banco Central.
Por su parte la Ciudad de Buenos Aires recibirá fondos por el régimen general de coparticipación pero no se incluirá en el sistema de reparto por indicadores como el esfuerzo fiscal o la cantidad de habitantes. "Su incorporación generaría muchísimos inconvenientes, dada la concentración que registran en ese distrito las variables consideradas", subraya la propuesta.
Se creará un fondo anticíclico, que absorberá a los otros fondos luego de dos años y será usado para atender distintas situaciones de desequilibrio entre los participantes.
Además se impulsará la aprobación de esta ley de Responsabilidad Fiscal Federal, que fijará, entre otras cosas, límites al endeudamiento de cada provincia y obligación de difundir información fiscal. Para los que no cumplan la ley habrá sanciones: divulgación del caso, restricción del voto en el Consejo Federal y sanción pecuniaria.
Los próximos acuerdos y cartas de intención a más largo plazo con el Fondo pondrán seguramente el eje en el gasto fiscal y la distribución del dinero, desde Economía darán batalla, pero en el final los números no ganan ni pierden, sólo suman y restan
La Ciudad
