La antigüedad ya no es una barrera para ascensos en la cúpula militar

El Senado nacional dio media sanción al proyecto de ley que permite al presidente de la República designar a los jefes de las Fuerzas Armadas aunque no cuenten con la antigüedad establecida por ley para ser ascendidos.
De esta manera quedó salvada la excepción que había requerido el gobierno para ascender a los flamantes jefe del Ejército, general de brigada Roberto Bendini, y de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Rohde, quienes no tenían los tres años de antigüedad exigida en su rango.
Pero como lo que se aprobó fue una regla general, a partir de ahora cualquier presidente podrá en el futuro designar a un oficial superior que no cumpla con el requisito de antigüedad previsto en la ley 19.101, de personal militar. La norma fue votada por unanimidad con la sola abstención de la frepasista Diana Conti, quien no estuvo de acuerdo en sancionar una norma de carácter general.
La fórmula acordada en definitiva fue la siguiente: "El requisito mínimo de antigüedad no será exigible para los oficiales superiores designados para ocupar los cargos de jefes de Estado Mayor del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y del Estado Mayor Conjunto".
Si, tal como se especula, la Cámara de Diputados también aprueba esta norma, el gobierno sólo tendrá que enviar al Senado el pedido de acuerdo, como hace habitualmente con cualquier ascenso militar, para que sean tratados por la comisión de Acuerdos y posteriormente aprobados por el plenario de la Cámara alta.
El gobierno había enviado originalmente al Senado un proyecto de ley para permitir, como excepción, nombrar a ambos oficiales al frente de sus respectivas fuerzas a pesar de que no contaban con los 3 años de permanencia en su rango, una cláusula que exige el artículo 46 de la ley 19.101, de personal militar.
Según el criterio del Ejecutivo, con la sanción de una ley se salvaba la limitación legal y, al mismo tiempo, se obviaba el habitual trámite del acuerdo parlamentario concedido por la Cámara alta.
Pero los senadores resolvieron sancionar una ley general que contemple estos casos y cualquiera otro similar que surja en el futuro, y mantener por separado el procedimiento habitual del acuerdo.