El proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y de la ley de entidades financieras entró con mal paso al Senado, donde emergieron numerosas objeciones al texto de parte de los legisladores. En la reunión de la comisión de Economía, que debe dar despacho al proyecto, surgieron dudas y planteos de varios senadores que obligaron a una suspensión del encuentro hasta la próxima semana a la espera de modificaciones de parte del Ejecutivo.
Quien sufrió en primera persona los señalamientos fue el secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur, quien concurrió a la comisión para brindar la visión del Ejecutivo en el tema.
"Para decirlo en términos criollos, así como está no pasa", dijo sin eufemismos el titular de la comisión de Economía, Oscar Lamberto (PJ). "Así lo había interpretado", admitió resignado Madcur, después de haber sufrido un severo cuestionario de parte de los senadores, encabezados por Raúl Baglini (UCR) y Liliana Negre de Alonso y Marcelo López Arias (PJ).
Pese a los cuestionamientos, no quedó la sensación de que los senadores se encaminen a desestimar la iniciativa, pero sí que se demorarán un tiempo considerable antes de llevarla al recinto. Así lo hizo saber Lamberto a esta agencia: "No hay ánimo por voltear el proyecto, pero hay que mejorarlo bastante".
Los puntos que más objetaron los senadores estuvieron focalizados en dos aspectos. El primero, que deja sin aplicación la transferencia de beneficios previstos en la ley de contrato de trabajo a los empleados cuya empresa es absorbida por otra. El segundo, que es demasiado amplia la figura prevista para establecer cuándo es anulable judicialmente lo actuado por el Banco Central en materia de liquidación y reestructuración de entidades.
El primer aspecto fue cuestionado especialmente por Negre de Alonso, quien consideró que tal como está el proyecto "implica quitar toda la protección legal al trabajador, sin que el nuevo empleador reconozca los derechos previstos en la ley de contratos de trabajo". Madcur intentó ensayar una respuesta al decir que "si no se dan las condiciones para facilitar la transferencia del personal, preferimos priorizar los aspectos que tienen que ver con facilitar la fusión y absorción de entidades".
Inmunidad
Después Baglini y López Arias objetaron la vaguedad de la figura prevista en la ley para especificar cuándo los actos del Central son judiciables o no, sembrando sospechas respecto de que el proyecto de ley termine por otorgarle inmunidad a los funcionarios del Central. La norma, tal como está ahora, dice que los actos que adopte el BCRA o la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias "son anulables en sede judicial cuando hubiesen mediado arbitrariedad o irrazonabilidad manifiestas", y aclara que el mismo régimen alcanzará a las medidas dispuestas por otros órganos de la administración pública. Baglini planteó que "hasta el lenguaje de ese artículo es confuso y podría generar medidas de amparos que directamente congelen su efecto".
El legislador también se quejó porque hay aspectos del proyecto que sólo precisan facultades del Banco Central, pero que aparecen como innovaciones, con lo cual "se corre el riesgo de hacer creer que estamos creando algo, lo cual puede ser peligroso para decisiones que ya haya tomado esa entidad".
La iniciativa fue remitida al Congreso el viernes 23 de mayo a la noche, en el último acto oficial de Eduardo Duhalde como presidente, pero mantiene una continuidad de interés con la actual administración en virtud de que uno de sus impulsores es el ministro de Economía, Roberto Lavagna.
La propuesta básicamente modifica aspectos de la ley de entidades financieras y de la carta orgánica del BCRA para otorgar a esta entidad mayores facultades a la hora de disponer de bienes en la liquidación de entidades financieras y de ordenar la fusión y reestructuración de bancos.
En ese marco, habilita al Central a dictar normas de valuación de activos, constituir fideicomisos financieros, excluir total o parcialmente ciertos pasivos en la valuación de una entidad, transferir activos en propiedad fiduciaria a fideicomisos financieros, solicitar la intervención judicial del banco en problemas y modificar el orden de prelación en el cobro de acreencias.
La Ciudad
