Empresarios y usuarios recibieron con agrado el anuncio oficial de no renegociar los contratos que venzan y llamar a licitación para todas las concesiones estatales. De todos modos, del lado de los consumidores hubo un reclamo para que se sancionen los marcos regulatorios por ley para reemplazar a los que se dispusieron por decreto y generar una mayor transparencia en el sistema de prestaciones.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, reafirmó ayer que no habrá renegociación de contratos en ninguna concesión estatal, sino que se licitará cada vez que venza una licencia. "Aquel que quiera prestar el servicio que se presente y compita", enfatizó el funcionario.
"Eso lo vamos a hacer en cada lugar. No hay ningún motivo para prorrogar las concesiones actuales", afirmó Fernández, quien indicó que "con eso, no estamos descalificando a los concesionarios actuales. Estamos diciendo: se ha terminado el contrato, estamos buscando el mejor prestador y usted puede volver a competir". Y explicó que "en cualquier país normal, cuando un contrato de una concesión vence, se llama a licitación para buscar quién es el oferente en la prestación de servicios que ofrezca mejor calidad y cobre menos".
El gobierno nacional decidió anteayer no renovar los contratos de concesión de 15 corredores viales por peaje que vencen el 31 de octubre y anunció que llamará a nuevas licitaciones para su adjudicación. La medida fue adoptada ante el nivel de incumplimiento en las cláusulas que las empresas actualmente licenciatarias acumulan respecto a los contratos originales.
Por su parte, el especialista en temas viales Guillermo Laura, dijo que con lo invertido en baches "se podrían haber hecho a nuevo los caminos de todo el país".
Laura dijo que coincide con el gobierno en el sentido que "las concesionarias de los peajes de las autopistas" son parte de "patria contratista", como dijo el presidente Néstor Kirchner en su primer discurso que dio en el Congreso, ni bien asumió la primera magistratura del Estado.
El especialista aseguró que se "cobraron precios extravagantes", al explicar que mientras en Estados Unidos, las empresas perciben 5.000 dólares por kilómetro por año, en la Argentina se pagaron 37.000 dólares. "Se pagó siete veces más de lo que correspondía", evaluó.
El OK de las concesionarias
El secretario de la Cámara Argentina de la Construcción, Gregorio Chodos, aseguró ayer que es "una tranquilidad" que el flamante gobierno haya aceptado como "válido" el mecanismo del peaje para la concesión de las rutas nacionales, y reconoció que "si los contratos no se cumplen deben ser renegociados".
"Dentro de los cambios que siempre propone un nuevo gobierno, quiero destacar que me pareció muy inteligente y una tranquilidad que esta gestión haya reconocido como válido el mecanismo del peaje" , puntualizó el empresario.
El grupo Roggio, que opera en la concesión por peaje de unos 2.000 kilómetros de rutas, ya había expresado su apoyo a la decisión oficial de no prorrogar y volver a licitar los contratos viales que vencen el 31 de octubre próximo.
En una vereda más crítica se ubicó el dirigente de Coninagro Mario Raiteri, quien sostuvo que el "alto precio" de los peajes ataca los intereses del campo.
"Hay una realidad evidente, los contratos han caducado y se necesitan nuevo concesionarios con otra actitud. Hay que analizar bien el tema de los peajes porque no creo que allí se haya hecho todo bien como dicen algunos", afirmó Raiteri.
En la misma línea, Osvaldo Riopedre, director ejecutivo de Adecua, planteó que "es imperioso" sancionar por ley los marcos regulatorios para "hacer más transparente" el sistema de concesiones. Hasta ahora la mayoría de los entes han sido creados por decreto y eso es incorrecto, acotó el directivo.
La Ciudad
