Un análisis institucional del director ejecutivo de Poder Ciudadano

March: "El sector público está capturado por funcionarios ineptos y corruptos"

El especialista también critica a los empleados que "utilizan al Estado en beneficio propio" y a las mafias sindicales

Laura Vilche / La Capital

Esta semana se registró una nueva irregularidad en el Hospital Provincial, una más de una larga lista que tiene ya varios años. Se descubrió que empleados del nosocomio robaban gasoil del tanque que alimenta el generador y se lo vendían a taxistas y remiseros truchos. ¿Por qué los robos en este hospital público son ya una costumbre? ¿Es que las instituciones estatales no pueden funcionar con transparencia? ¿Se trata de un problema estructural o cultural? ¿Quienes son los responsables? Sobre algunas de estas y otras tantas cuestiones respondió el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Carlos March. En su respuestas, más de una vez apareció la palabra corrupción. La utilizó al sostener que "el país está estancado en un bolsón de corrupción" y también cuando consideró que la culpa de esto la tienen, entre otros, los "funcionarios ineptos y corruptos".
-¿Están viciadas las instituciones públicas?
-Están capturadas por redes de funcionarios y en algunos casos también por empleados que utilizan la estructura del Estado en beneficio propio o sectorial. Un ejemplo paradigmático es la Ansés. Aquí en Buenos Aires, un 4 de junio de hace seis años asesinaron al abogado Alfredo Pochat. Estaba al frente de la oficina de investigaciones de la delegación Mar del Plata. Tres horas antes de que presentara en la Justicia una denuncia por defraudación contra la titular de esa delegación, Silvia Albanesi, el marido de la funcionaria (Armando Andreo) le pegó tres balazos. ¿Qué lograron con eso? Desactivar la investigación.
-¿La corrupción en la Argentina es un problema estructural o cultural?
-Estructural, ni cultural ni moral, porque si no, se solucionaría todo educando bien a los chicos. Hay una encuesta de un grupo de empresas aseguradoras de Inglaterra realizada en la década del 60 con la que se quiso medir la honestidad de los empleados. La iniciativa dio como resultado que el 25 por ciento era absolutamente honesto, el otro 25 por ciento de los empleados era absolutamente corrupto y el 50 por ciento restante dependía del contexto. Las aseguradoras concluyeron que si se crea un contexto de legalidad, se garantiza transparencia; ahora, si se deja que prevalezca un contexto de ilegalidad, se genera corrupción. Entonces, hay que entender que de los 36 millones de argentinos, puede haber 34 millones de honestos, y justamente para ellos hay que generar un contexto que encuadre la actitud colectiva, no se trata de cambios individuales.
-No basta con sacar de una institución pública al funcionario corrupto.
-Por supuesto que no, porque insisto, el problema del Estado argentino -tanto nacional como provincial y municipal- son las redes.
-¿Por eso estamos tan mal posicionados a nivel internacional?
-Claro. El organismo "Transparencia Internacional" elaboró el ránking que mide a los países más honestos. Los evalúa del 1 al 10. Suecia, Finlandia y Dinamarca están bien evaluados, en Latinoamérica el mejor posicionado es Chile, y Argentina está entre los que tiene graves problemas de corrupción. En los seis años en que se hizo la medición ha tenido una oscilación en su puntaje de entre 2,8 a 3,5 puntos. Esto indica que el país y por ende sus organismos estatales están estancados en un bolsón de corrupción. Esto es, redes de funcionarios ineptos y corruptos que capturan el sector público.
-¿Qué es peor, un inepto o un corrupto?
-Las dos cosas.
-¿Qué condiciones deben darse para que un organismo público funcione bien?
-Varias, y Robert Klitgaard, un estudioso de la corrupción, escribió una fórmula para explicar esto: C =M+D-T. Esto es: Corrupción estructural es igual a Monopolio del poder más Discrecionalidad en el uso de ese poder menos Transparencia.
-Y en nuestro país la fórmula se aplica a rajatabla...
-Sí, porque faltan leyes básicas como por ejemplo la de acceso a la información pública. En la mayoría de las provincias no hay una ley que obligue a los funcionarios de los tres poderes a entregar las declaraciones juradas patrimoniales como sucede a nivel nacional. Y esto deberían hacerlo cuando asumen un cargo y cuando se retiran también. Sería una forma de controlar el enriquecimiento de su patrimonio. No hay leyes que regulen el lobby, o sea, que regulen cómo el sector privado influye en el público. Faltan controles básicos en las contrataciones públicas y fomentar herramientas de participación de la ciudadanía en la definición de los presupuestos. Además, están desactivados los organismos de control y se tiene una Justicia dependiente del poder político que no investiga y condena. Y por último, parte del problema también son los sindicatos, sobre todo los vinculados al Estado. Son otro actor fundamental de clientelismo político y negocios privados. Y aún peor, la dirigencia política muchas veces se deja chantajear por las mafias sindicales para no asumir costos políticos, y los sindicatos ligados al Estado terminan como cogobernantes.
-Justamente a raíz de los casos de corrupción que se denunciaron esta semana en el Hospital Provincial de Rosario, un ex director acusó al sindicato (UPCN) de cogobernar desde hace años ese nosocomio donde permanentemente se detectan irregularidades.
-Si esto es así, es el gobernador de Santa Fe quien tiene que instrumentar los controles dentro del hospital para que funcione. No se puede pactar con los líderes sindicales, hay que investigarlos y denunciarlos. Se debe generar firmemente un mecanismo de control que impida que las mafias sindicales puedan seguir presionando a los directivos del hospital, a los funcionarios de salud o a él mismo.
-¿Y cómo se logra esto?
-Con coraje político y una masa crítica. O sea, el gobernador no debe actuar aislado, sino en relación a una estrategia con la comunidad. Finalmente debe democratizarse el funcionamiento de los sindicatos, no puede ser que haya dirigentes que encabecen los gremios desde hace 30 años. Entonces, de una buena vez apliquemos la alternancia en las conducciones sindicales de gobierno y democraticemos la elección de sus miembros. Lamentablemente la democracia argentina es de baja intensidad. Hay funcionarios fuertes e instituciones débiles.

March lamenta que estén desactivados los controles.