Granadero Baigorria. - En 1998 Pablo Fernández cursaba 7º grado de la Escuela 2 de Abril cuando su vida cambió para siempre. Un grupo de alumnos le propinó una paliza que le dejó secuelas permanentes en su cuerpo. Cinco años después su madre todavía espera que el Ministerio de Educación de la provincia tramite un expediente para determinar las responsabilidades de quienes tendrían que haber velado por la seguridad de los chicos en ese momento.
"No puedo creer que el expediente siga parado y nadie haga absolutamente nada por un hecho que cambió la vida de mi hijo y la de mi familia para siempre", afirmó la madre de Pablo, Claudia Massaccesi, quien en ese entonces se desempeñaba como docente en la misma escuela.
El 27 de mayo de aquel año, el chico estaba en un recreo junto con un compañero mientras otros chicos practicaban un extraño jueguito con una lata, que consistía en golpear a quien sufriera un clásico caño entre sus piernas. En ese momento Pablo escuchó su nombre y corrió tratando de escapar hacia la sala de los maestros para pedir ayuda, pero al no poder llegar se arrojó al piso y mientras quedaba en posición fetal recibió una feroz golpiza de parte de los alumnos hasta que la intervención de uno de ellos frenó el ataque. "Ningún docente advirtió lo que estaba pasando", sostiene Claudia.
Cuando el chico se levantó tenía una fuerte hemorragia en la nariz y una gran inflamación en su tabique nasal. En un principio se pensó que allí terminarían las consecuencias de ese lamentable juego de chicos, pero luego de un par de días Pablo comenzó a sufrir un fuerte dolor inguinal acompañado de altas temperaturas. Los médicos sugirieron entonces a sus padres radicar la denuncia penal correspondiente, ya que la primera ecografía diagnosticaba un hematoma intramuscular que podría ser producto de un fuerte golpe.
Las complicaciones siguieron y Pablo debió ser internado porque el hematoma se había desplazado a la cadera y el diagnóstico indicó artritis séptica. A pesar de ser operado y de los tratamientos recibidos el chico posee un 40 % de incapacidad en su cadera del lado izquierdo. El chico, quien por entonces concurría a una escuela de fútbol de Newell's, hoy no puede realizar ninguna actividad física salvo natación y deberá terminar de crecer para recibir una prótesis, según le anticipó a la familia un médico legista.
Adiós a la escuela
En aquel año se tramitó una causa en el Juzgado de Menores a cargo de Alberto Cartele. Los padres de Pablo desistieron de realizar una acción penal contra los alumnos y tanto el chico como su madre abandonaron la escuela. Pero lo que sí iniciaron fue un reclamo administrativo ante el Ministerio de Educación por la gravedad de los hechos ocurridos en el interior del establecimiento educativo.
Veinte días más tarde la dirección de la escuela realizó los trámites del seguro escolar. La familia recibió 630 pesos que, según la madre, "no alcanza para cubrir ni una ínfima parte" de lo que la familia tuvo y tendrá que costear.
En mayo del año pasado desde la sede regional del ministerio se solicitaron las actuaciones realizadas en la escuela por este caso y el expediente viajó a Santa Fe sin que hasta el momento haya habido resolución alguna.
La Ciudad
