Las reformas al sistema bancario que debe tratar el Parlamento

El Congreso nacional ya está en condiciones de comenzar a tratar un proyecto de ley por el cual se pretende reestructurar el sector bancario. La iniciativa ingresó al Parlamento el viernes pasado y fue el último acto del gobierno de Eduardo Duhalde.
El Ejecutivo pretende introducir modificaciones en la ley de entidades financieras y en la carta orgánica del Banco Central (BCRA) a través de la cual se busca rediseñar al sector financiero con una serie de disposiciones que apuntan a cambiar en muchos casos las reglas de juego para los bancos y otras entidades del sector.
El proyecto es un delicado juego de relojería donde toca temas tan diversos como la valuación de activos de las entidades con problemas y la intervención de las mismas, como también una autorización para que el Bcra pueda realizar, adicionalmente, adelantos transitorios al gobierno para que pueda afrontar obligaciones con los organismos financieros multilaterales.
Sin embargo, uno de los puntos más conflictivo que contiene la ley es el establecimiento de una cobertura legal para los funcionarios de la entidad que actúen en los casos de liquidación de bancos, cuyas decisiones no serán judicializables, un punto ya reclamado por el FMI que tuvo fuertes rechazos.
La norma restituye facultades a la Superintendencia de Entidades Financieras (SEF) para que pueda adoptar rápidas soluciones ante una eventual dificultad que puedan afrontar las entidades financieras, incluidas la suspensión o la revocación de la autorización para funcionar.
Se podrán excluir activos y pasivos para proteger el cobro de los acreedores y constituir fideicomisos financieros en resguardo de los créditos.
Al mismo tiempo, se autoriza a establecer la restructuración de la entidad en defensa de los depositantes y otros acreedores, eliminandose privilegios especiales de cobro salvo para las obligaciones derivadas de la relación laboral.
La ley autoriza al BCRA a otorgar redescuentos para entidades financieras que se encuentren con problemas de solvencia o liquidez y aun para aquellas que tengan revocada su autorización para funcionar. También se autoriza a fijar a las entidades financieras determinados requisitos de reservas con otro tipo de activos que no sean dinero.