Antes de partir de vacaciones a Brasil en compañía de Luiz Inacio Lula Da Silva, el presidente saliente Eduardo Duhalde firmó un decreto que crea un superente para el control de bancos y administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP). Entre sus atribuciones, el organismo tendrá a su cargo la reestructuración del sistema financiero, uno de los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con esta normativa, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, gana terreno dentro del proceso de redimensionamiento sobre las atribuciones del Banco Central (BCRA), lo cual levantó críticas entre banqueros.
A través del decreto 1262, uno de los últimos firmados por Duhalde y publicado ayer en el Boletín Oficial, el gobierno intentará el "reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios", tal como lo establece la facultad extraordinaria conferida al Poder Ejecutivo hasta el 10 de diciembre próximo por la ley de emergencia 25.561.
La norma despertó una singular preocupación en la city porteña, ya que consideran que consiste en una intromisión en la autonomía del Banco Central que en principio contaría con una estructura y mecanismos de supervisión para llevar adelante la tarea.
Un banquero que solicitó el anonimato aclaró que "hay que esperar, faltan 30 días; sabemos que el sistema debe ser reformulado, ahora tenemos que ver si es a la manera estadounidense (con decisiones exclusivas del Central) o la inglesa, donde las obligaciones se reparten".
Con la creación de esta unidad, la comisión podrá sumar en el futuro varias de las atribuciones que posee en la actualidad el ente contralor del sistema financiero, aunque con una cualitativa diferencia, ya que tendrá una mayor incidencia el Poder Ejecutivo respecto del Banco Central.
Hecho a medida
La comisión prefigura el traje a medida solicitado por el nuevamente ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien la semana pasada también mandó al Congreso nacional un proyecto para reformar la ley de entidades financieras y modificaciones a la carta orgánica del Banco Central. La normativa deberá ser analizada por los legisladores en las próximas semanas.
En su artículo 1º, el decreto señala que la unidad de reestructuración del sistema financiero "tendrá por objeto definir la estrategia de reestructuración del sistema financiero, así como el correspondiente plan de acción".
La norma puntualiza que la unidad de reestructuración del sistema "deberá dictar su reglamento operativo y estará conformada por seis miembros, tres nombrados por el Ministerio de Economía y tres por el Banco Central".
"Dicha unidad será presidida por uno de sus miembros, el que deberá ser elegido por períodos anuales, debiendo alternarse los representantes del Ministerio de Economía y el Banco Central", estipula el decreto, el cual aclara que, en caso de empate en las votaciones que se efectúen para la toma de decisiones, "el presidente (de ese organismo) tendrá doble voto".
De esta manera, Lavagna ganó una importante porción de poder dentro del esquema de decisiones sobre cómo se encarará la reestructuración del sistema financiero, ya que el primer funcionario en asumir por el período de un año la presidencia de la "Unidad" será un hombre de Economía. Esto significará que en caso de empate técnico con los funcionarios del Central, define, en un año clave para el sistema financiero, el Palacio de Hacienda.
La unidad de reestructuración "deberá comenzar a funcionar dentro de los 30 días" a partir de ayer, según el decreto.
Por su parte, "el Banco Central modificará las condiciones de amortización de los redescuentos establecidas por el inciso b) del artículo 9º del decreto 739/03 (que estipula que se harán con un máximo de 70 cuotas mensuales y consecutivas, con un mínimo equivalente al 0,9%), cuando la unidad de reestructuración del sistema financiero así lo autorice".
"La amortización mencionada se efectuará en la misma cantidad de cuotas que la de los activos afectados en garantía de los redescuentos de la entidad correspondiente, con un máximo de 120 cuotas, las que deberán ser mensuales, consecutivas y equivalentes cada una al porcentaje que se establezca en cada caso del capital ajustado. Dicho porcentaje no podrá ser inferior a 0,4%".
Con posibilidades de crecer
En una primera instancia, la comisión tendrá un escaso margen de maniobra y tenderán a relajar las condiciones para las entidades con problemas de liquidez, en principio, las dos principales entidades oficiales: Banco Nación y el Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro).
Banqueros consultados ayer por La Capital reconocieron que aunque no está definido en el actual decreto, la unidad significaría la piedra basal de una reestructuración más profunda hacia un superente contralor que concentre las superintendencias de Entidades Financieras y de AFJP y la Comisión Nacional de Valores.
Desde el Palacio de Hacienda ya habían deslizado la semana pasada que apuntarían hacia la creación de una superestructura de control que sintonizara con la fisonomía que actualmente tienen las entidades financieras, que agrupan bajo un mismo conglomerado a bancos, aseguradoras, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, etcétera; pero que hoy son controladas separadamente.
De todas formas, una fuente oficial señaló ayer que "no es así. Este decreto está hecho pura y exclusivamente para el sistema financiero no significa que la unidad se convierta en un superente".
La Ciudad
