La Asociación de los Derechos Sociales (ADS) denunció falta de controles por parte del Estado en los productos que se comercializan. El titular de la entidad, Aníbal Faccendini, se apostó ayer con balanzas frente a la delegación local del Ministerio de la Producción provincial para demostrar que una bolsa de azúcar de marca Dulcinea, en la que se indica que hay mil gramos (un kilo), tiene en realidad un peso de 850 gramos. "Nos están estafando y nadie controla nada", se quejó el dirigente social. Faccendini hizo hincapié en que la Dirección de Comercio Interior, que depende de la cartera de la Producción, es la única repartición con la facultad de solucionar, vía multas o embargos, los conflictos que se producen entre los consumidores con los malos comerciantes. "Hay otras entidades de defensa de consumidores o de la ciudadanía, pero pueden actuar exclusivamente como mediadores y vía el consenso entre las partes. En cambio, este organismo provincial tiene la obligación de controlar y también de resolver las denuncias de los ciudadanos", aseveró. En el mismo sentido, dijo que la repartición está casi desmantelada, lo que de hecho impide que se realice su tarea. "Sólo tiene tres inspectores para una población de más de un millón de habitantes y dos abogados, cada uno con más de 200 expedientes, y ni siquiera cuentan con presupuestos para hacer análisis ni establecer patrones de calidad, de kilo o de litro", afirmó Faccendini. En ese marco recordó que la ADS pidió una audiencia con el ministro de la Producción, Ricardo Fragueiro, para exigirle que se apoye a la repartición con potestad para "defender a toda la ciudadanía". Para la ADS no existe ningún control entre lo que indican los envases y lo que en realidad se comercializa. "Es un descontrol, quién sabe si un litro de leche que promete calcio o hierro, y que se vende más caro, es en realidad así; cómo verifica la ciudadanía que no está pagando de más", preguntó. Pero la preocupación de la entidad trasciende el ejemplo del azúcar. "Ese es sólo un detonador, hay entidades financieras que vendieron servicios de modo engañoso a más de cien mil damnificados y casas de electrodomésticos que prometen un precio y una garantía pero luego no cumplen", aseveró Faccendini.
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