El nuevo período político encuentra al movimiento obrero con altos índices de desocupación, la pérdida de derechos laborales, fragmentación de las cúpulas sindicales, la crisis de la credibilidad de la dirigencia y los sucesivos desguaces de las obras sociales. Ante el nuevo escenario político que la administración de Néstor Kirchner puede presentar, algunos especialistas sostienen que si las estructuras gremiales quieren recobrar protagonismo no tendrán más alternativa que enfrentar los centros de poder para lograr una distribución de la riqueza algo más equitativa, de modo que la clase trabajadora recobre al menos en parte su rol social.
En ese sentido, Héctor Recalde, jefe de asesores letrados de la CGT disidente liderada por Hugo Moyano y presidente de la Comisión de Derecho del Trabajo de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, recordó que "en 1946 una indemnización por despido equivalía a 3.333 kilos de pan, hoy alcanza para 42 kilos", con lo que trazó una dimensión de la pérdida de los derechos del trabajador, y la urgencia de retomar esos logros históricos.
-¿Cómo encuentra al gremialismo la etapa que se inicia con el nuevo gobierno?
-El sindicalismo está fragmentado en tres grandes sectores y algunos subsectores, lo que provoca que no haya una acción coordinada entre las centrales obreras, no hay una mesa de enlace que permita acciones en conjunto. Sólo hubo vinculaciones entre la CTA y la CGT disidente, pero las cúpulas generan esa división. Si bien hay diferencias ideológicas marcadas, las bases mantienen un sentimiento primario que pretende la unidad para lograr reivindicaciones comunes.
-¿Cambia ahora el escenario del debate gremial?
-El nuevo gobierno entra esgrimiendo legalidad y legitimidad. Los antecedentes de Kirchner, y sobre todo los de su esposa Cristina en materia de Derecho del Trabajo fueron opuestos siempre a las atrocidades cometidas por el menemismo. La esencia del justicialismo que levanta banderas como la justicia social y la independencia económica, fueron atropelladas por la gestión de Menem. Ya el 21 de marzo de 1990, la CGT disidente y la CTA salieron a la calle para oponerse a las privatizaciones. Fue una dura batalla en la cual la resistencia del gremialismo fue mermada por sus propias divisiones y por el exitismo de las privatizaciones.
-¿En qué se basó el apoyo de la CGT oficial y la disidente a Kirchner?
-El apoyo se fundamenta en el enfrentamiento al capital especulativo y financiero, en frenar la prepotencia de los banqueros. Por otra parte, la burocracia sindical que se mantiene fiel al menemismo no tendrá capacidad de fuego para obstaculizar al gobierno.
Producción y trabajo
-Se dijo que el respaldo gremial significaba también exigir que se cumplan las promesas de incentivar la producción y el trabajo. ¿Cómo cree que se alcanza ese objetivo? \-Para una mayor producción y consumo es necesario actualizar los salarios: con 200 pesos no se cubre la canasta familiar. El gobierno debe convocar al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, porque no reunirlo es un delito por omisión. Cualquier sindicato o trabajador puede exigirlo. Ese organismo debe integrarse con 16 representantes sindicales, 16 empresariales y un presidente designado por el gobierno. Su decisión es vinculante y si se resuelve que el sueldo mínimo es de 400 pesos, nadie puede pagar menos. Eso significa que ninguna empresa puede abonar al trabajador mayor de 18 años un sueldo inferior al mínimo. Y si tiene hijos, a ese valor se agregan asignaciones familiares.
-¿Qué proyectos pueden derivar en lo inmediato en más ocupación y condiciones dignas para los trabajadores? \-Las obras públicas y construcciones de viviendas apuntan al empleo. Además, se deben bajar los impuestos al consumo primario (productos de la canasta familiar), aumentar los salarios y disminuir las jornadas de trabajo para generar más fuentes laborales. Hay que tener en cuenta que el 22 por ciento de los trabajadores están sobreocupados, realizan sus tareas durante más de 62 horas semanales, lo que impide que se emplee a más personas.
La Ciudad
