A un mes del escopetazo que mató a Florencia Rubino, la nena de 12 años herida por perdigonadas en la cabeza cuando viajaba en colectivo, la policía y la Justicia siguen sin pistas sobre el presunto tirador serial conocido como el Loco de la Escopeta, quien actúa impunemente desde 1992 con más de 70 ataques en su haber. En ese lapso los detectives siguieron sin éxito distintas líneas investigativas y existió un frustrado intento de unificar las causas penales para facilitar la búsqueda. Hasta el momento nada alcanzó para detener al asesino.
Luego de burlar a la policía durante once años, el escopetero se cobró su segunda víctima fatal al disparar contra un colectivo de la línea 131 el pasado 19 de abril, en 27 de Febrero y Pueyrredón. Florencia viajaba en la butaca ubicada detrás del chofer y cayó bañada en sangre por el impacto de cinco perdigones disparados por una escopeta calibre 12.70 a no más de seis metros de distancia.
La hipótesis más firme de la policía es que el tirador efectuó un solo disparo cuando viajaba en sentido contrario en un auto o camioneta y se retiró sin ser visto.
A raíz de la resonancia del caso, un aluvión de llamados aportó información de presuntos sospechosos a los teléfonos de la Jefatura, pero la única derivación de esos datos fue la detención sin mayor razón de un arquitecto, liberado a las pocas horas ante la falta absoluta de pruebas.
En el transcurso del mes, otros llamados llevaron a la policía a destinar personal de elite para efectuar seguimientos de sospechosos cuyo patrón de conducta sería similar al del Loco: una persona solitaria, inteligente, astuta y reservada que buscaría ganar notoriedad con sus disparos callejeros. Muchos de esos disparos causaron lesiones al pasaje. Pero en el episodio que causó la muerte de Florencia el agresor usó munición de plomo, lo que lleva a la policía a concluir que tuvo la determinación de matar. Y pese a la reiteración de hechos los investigadores descuentan que se trata de una misma persona.
Otro dato novedoso que surgió en estos 30 días de pesquisa es que las municiones que hirieron a Florencia y las que lastimaron las manos de Víctor Curaba en septiembre de 2002, cuando viajaba en un coche de la firma Las Rosas, son distintas. La chica recibió postas de plomo y el comerciante fue alcanzado por perdigones de otra composición, según reveló una fuente policial.
Los detectives también recabaron información en distintos clubes de caza mayor de la ciudad para comprobar si alguno de los asociados estuvo comprando o tirando con ese tipo de munición, algo que no pudo acreditarse. Otra medida consistió en el rastreo de accidentes de tránsito con colectivos que ocurrieron en el pasado. Presumen que el maniático habría sido afectado por un siniestro de este tipo o sufrido una pérdida familiar que lo llevaría a atacar por resentimiento las líneas de transporte.
Negligencias burocráticas
Pero a pesar de la conformación de un gabinete especial para dar con el francotirador y la urgencia por esclarecer un crimen que conmocionó a la opinión pública, la investigación de algunos episodios dejó medidas pendientes, tal como lo revela un informe de la oficina de NN de los Tribunales Provinciales al que tuvo acceso este diario.
El reporte consigna dos hechos en los que la intervención policial fue, al menos, insuficiente. Uno del 12 de diciembre de 2001, cuando un colectivo fue baleado en Vélez Sarsfield y Alberdi, en jurisdicción de la comisaría 8ª. Dos pasajeras que resultaron lesionadas y un automovilista que tras el incidente golpeó al chofer irritado por una mala maniobra del colectivero, nunca fueron citados a declarar a pesar de que sus testimonios podrían ser de interés. En las actuaciones sólo consta una "pobre exposición" del chofer.
La causa Nº 382.008 por los tiros que atravesaron a un 107 el 27 de diciembre de 2002 en Avenida Alberdi y Cándido Carballo duerme a la espera de un informe de la Sección Balística de la Unidad Regional II que aún no fue incorporado.
La investigación de los ataques pasados pone en evidencia la debilidad policial y judicial para esclarecer delitos con una lógica serial: la compartimentación en distintos juzgados, comisarías y fiscalías parece atentar contra la efectividad de la pesquisa. El fiscal de Cámaras José María Peña encabezó la iniciativa de unir las causas, pero el pedido no encontró eco y chocó con trabas legales.
Así, cinco expedientes de 2001 fueron archivados luego de que fueran entregados a las TOE para un seguimiento más minucioso y la fuerza los devolviera en febrero de 2002 sin un solo aporte relevante. Asimismo, un informe remitido a Tribunales por la sección Análisis Delictivo se destaca por su pobreza informativa. Reseña 45 casos ocurridos desde el 11 de marzo al 97 a la fecha, con la información dividida en columnas por fecha, dirección, referencia (el blanco de ataque), arma, efectos secuestrados y seccional y juzgado intervinientes. Lo más llamativo es que la mayoría de los casilleros figuran "sin datos".
En la nómina se reiteran los escopetazos en los barrios Azcuénaga y Belgrano, radio inicial del tirador. Como una señal de apertura se destacan tres hechos recientes sobre avenida Pellegrini. Sólo en trece ocasiones existió secuestro de material explosivo, desde municiones de plomo y proyectiles a tacos como el hallado en el ataque mortal del mes pasado, que cierra el informe policial sin datos sobre el maniático serial.
La Ciudad
