La Cámara de Senadores aprobó ayer una iniciativa de la UCR solicitando al Ejecutivo la reglamentación de la ley 11.730 que contiene normas de fundamental importancia referidas a los bienes ubicados en lugares inundables y las políticas que deben ser implementadas desde el gobierno en situaciones de emergencia. Esta ley fue promulgada el 25 de abril de 2000 pero no fue reglamentada a pesar de que en la misma se fija un plazo de 90 días para esa obligación constitucional. "De haber estado reglamentada y vigente podría haber aportado soluciones al problema del desastre hídrico que azotó a la ciudad de Santa Fe y otros departamentos", se dijo ayer en la Cámara alta, mientras que en Diputados no pocos legisladores se tomaron la cabeza cuando comenzaron a releer algunos artículos de la norma "olvidada en algún escritorio de la Casa Gris". "Esto es insólito", afirmó ayer un diputado porque no solamente fue requerida por el Banco Mundial sino además es una herramienta de gran importancia para una provincia de riesgo hídrico como la nuestra", disparó mientras acotaba que era "lo mismo que si en San Juan se sancionara una ley sobre terremotos y luego se la hace desaparecer". En realidad la norma -si bien tiene conceptos generales en algunos temas- en varios artículos establece reglas sobre todo para el Estado y los pobladores de las zonas inundables. En primer término asegura al gobierno la tranquilidad de que quienes viven en esos lugares no podrán recurrir a la Justicia. Tal el caso del artículo 20 en donde al hablar de zonas protegidas contra inundaciones se establece que las mismas tendrán un uso compatible con el riesgo al que están sometidas, para lo cual el Estado reglamentará su utilización y ocupación no siendo responsable de los daños derivados de acciones u omisiones de terceros ocasionadas por la violación culposa o dañosa de dicha reglamentación. La norma contiene un tramo donde determina que el Estado "deberá promover la contratación de seguros de riesgos que minimicen los daños por la contingencia de la inundación". Nadie puede imaginar qué puede suceder ahora en el caso de que un particular concurra a la Justicia invocando esta ley sancionada pero no reglamentada.
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