Fabiana Monti / La Capital
La catástrofe de Santa Fe, además del profundo impacto social y económico que desencadenó, abrió el debate acerca de la compleja relación entre la producción científica que genera la universidad y el poder político. Si bien en este momento la prioridad no es buscar las responsabilidades, la tragedia deja expuesta la necesidad de redefinir o en todo caso diseñar una política coherente en función de las demandas reales, además de aceitar la comunicación entre las instituciones.
La relación universidad-producción científica-sociedad es, desde hace largo tiempo, un tema de discusión al interior de la comunidad académica. La catástrofe de Santa Fe sacó a la luz la necesidad de ampliar el debate hacia afuera de las instituciones.
Aún cuando la prioridad sea resolver la emergencia, las inundaciones pusieron en evidencia la necesidad de repensar los mecanismos de comunicación entre el saber y la política, ya que, a pesar de existir diversos convenios o relaciones interinstitucionales, existen asimetrías.
Así como en algunas ocasiones los funcionarios de turno desconocen la totalidad de desarrollos científicos que se producen en las distintas unidades también es cierto que, en muchos casos, la producción de conocimientos suele circular por canales muy cerrados y de difícil alcance. En rigor, es dificultoso el acceso a la cantidad de investigaciones que existen en curso, a no ser el que se da por el contacto entre centros o claustros, unidos en un fin en común.
"Hay una mutua situación de desconfianza entre la universidad (como productora de conocimiento) y el poder político, producto de una larga historia de desencuentros", especificó Mariano Narodowski, investigador y vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes. "Uno y otro actúan en formas paralelas y los nexos muchas veces son personales", agregó.
Para Enzo Tossi, investigador de la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica de Rosario (UTN) y director del Centro de Tecnología de Alimentos de esa unidad, en general, no existe confianza en lo que dice la universidad, y sólo convierte en palabra autorizada cuando suceden situaciones graves como la acontecida.
"La universidad por mucho tiempo, y aún lo sigue haciendo, habló un lenguaje cerrado. Si bien en determinados temas tiene una relación directa con la gente, en algunas áreas es de difícil trasmisión y entendimiento", indicó. "También es real -agregó- que muchas veces la universidad aconseja, pero luego dependerá de lo que conviene al funcionario de turno, que tome en cuenta o no lo que ella dice". En ese sentido, la relación entre la producción científica y lo político, aparece también atrapada en la compleja trama de intereses económicos y partidarios tanto al interior de las comunidades académicas como con las acciones de gobierno.
Cristina Vidal, secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), sostuvo al respecto del debate planteado, que según un estudio realizado por esta casa de estudios, la palabra de la institución universitaria es tenida en cuenta y muy bien vista tanto a nivel social como a nivel de políticas de gobierno.
Los investigadores consultados por La Capital señalaron que si bien existen una multiplicidad de convenios entre áreas gubernamentales y instituciones académicas, no se corresponden a una instancia formal sino a situaciones particulares y la relación es "a pedido".
"El mundo académico en general viene mostrando, en términos crecientes, la búsqueda de mecanismos que generen mayores posibilidades principalmente con el sector de bienes y servicios y el estatal", explicó Mario Barletta, rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). "En la última década, hay muestras importantes de transferencia de conocimiento y se ha generado una conciencia de que las capacidades instaladas deben vehiculizarse a ese destino", agregó.
Desde el punto de vista del rector, otra cuestión a tener en cuenta es si desde la perspectiva de las estrategias de avance del país, se ha considerado el valor del desarrollo del conocimiento, como el valor agregado de la época.
"Debería revisarse esto porque, desde el 84 en adelante, se espera el anuncio de un plan económico y financiero como si el crecimiento dependiera sólo de ese aspecto", dijo Barletta y disparó: "La Argentina está muy alejada de aprovechar lo que producen los organismos como el Conicet o el Inta, no hay muestras de preocupación por la educación y el desarrollo de la ciencia".
Al respecto, cabe recordar que los organismos que producen ciencia y técnica como la universidad, han sufrido durante los últimos años sucesivos recortes presupuestarios, en detrimento de la producción científica y ocasionando en muchos casos lo que ha dado en llamarse "fuga de cerebros".
Por otra parte, si la producción científica responde a las demandas específicas de la sociedad, los investigadores coincidieron en señalar que la falta de una decisión política que coordine una estrategia de producción científica acorde a las realidades regionales es uno de los puntos más importantes para que esa interrelación no quede librada a convenios particulares o posibles financiamientos.
"Puede ser que los universitarios estemos mirando para otro lado, pero hace falta política y financiamiento para que no queden intentos aislados", señaló Narodowski y agregó:"Hay que construir un instrumento de gestión que relacione la universidad con la gestión de gobierno, para que cada tema específico, en cada ministerio tenga asesoramiento de la institución universitaria". De todas maneras, esta situación no se producirá en tanto no exista una decisión política ya que la integración debe ser institucional y no depender del voluntarismo.
En cuanto a este tema, Tossi sostuvo que "no se puede limitar la producción de conocimiento, pero en un país como la Argentina, los mayores recursos se deberían asignar más a investigación de desarrollo que investigación aplicada, que tiene un impacto más directo en la gente".
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