La hipótesis de que habría más personas involucradas en las estafas cometidas en torno a la Aduana de Rosario se reforzó en las últimas horas a la luz de los documentos incautados en el curso de tres allanamientos, en los que surgieron datos sobre relaciones de los imputados con otras personas. Asimismo se hallaron credenciales cuyo origen se investiga y datos sobre cuentas bancarias.
La investigación es conducida por el juez de instrucción Eduardo Suárez Romero, quien cuenta con dos denuncias: la de un productor de la localidad bonaerense de Piedritas, de apellido Matiu, y la de un comerciante de la ciudad de Arrecifes, Néstor José García.
En las próximas horas, Suárez Romero recibiría el resto de las denuncias radicadas por estafas cometidas en torno a la ex Aduana de Rosario, que según voceros policiales serían al menos diez.
El productor de Piedritas resultó defraudado en 153 mil pesos, con el cuento de la venta de un lote de agroquímicos. Convertido en el principal damnificado de la seguidilla de estafas, se presentó en los Tribunales con el patrocinio de los abogados Martín Silvera, Pablo Boggio Sosa y Sebastián Salceek.
En tanto, García fue despojado de 14 mil pesos el 31 de julio del año pasado. Un tal Mauricio Gustavo Tolosa -principal nombre de guerra del estafador- le aseguró que podía conseguir repuestos para automotores a precio de oferta y se esfumó con el dinero.
Las Tropas de Operaciones Especiales detuvieron por el caso a Rufino Jorge Palau, de 54 años, y Gladys Norma Boix, de 50. Los dos primeros fueron reconocidos por Matiu. La mujer recuperó la libertad por no tener antecedentes, mientras el hombre sigue preso.
Palau está sospechado de ser el hombre simpático y con notables cualidades histriónicas que decía ser inspector de Aduana y llamarse Mauricio Gustavo Tolosa, Juan Carlos Peralta, Marcelo Ibáñez o Juan Carlos Tolosa. Fue detenido cuando estaba con Boix en un Volkswagen Gacel, cerca de su domicilio, en Cerrito 1420.
Fuentes consultadas dijeron que Palau intentó correr y entrar en la casa, pero fue alcanzando enseguida. En cambio, Boix no se resistió al arresto. En su poder, según se indicó, apareció una carpeta a nombre de Liliana Carmen Gastaldi, presunta abogada y escribana, titular del registro 552.
El nombre corresponde a una profesional inexistente -o al menos no registrada en los Colegios respectivos-, por lo que se presume que podría ser corresponder a una falsa identidad.
El Volkswagen Gacel aparecía como un vehículo "de uso oficial": ostentaba un permiso de libre estacionamiento otorgado supuestamente por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Se investiga si se trata de otro engaño.
Pesquisa con vaivenes
Boix tenía además una credencial del Ministerio de Economía y la edición de La Capital del 2 de abril pasado, precisamente cuando se publicó una nota sobre las estafas en la Aduana.
Según se indicó, Palau y Boix leían las crónicas que publicó este diario sobre los delitos que se les adjudican, ya que se habrían incautado recortes de notas, en las que incluso habían hecho subrayados, cuyo sentido aún se ignora.
La investigación del caso estuvo en principio paralizada. Las fuentes consultadas indicaron que la sección Seguridad Personal incumplió en dos ocasiones una orden de allanamiento librada por la Justicia, ya que sólo se limitó a constatar que no había moradores en el lugar indicado.
"Se presentaron dos veces en la casa. La primera tocaron el timbre y se fueron. En la segunda el oficial actuante comentó que los vecinos decían que el domicilio era frecuentado por una señora y se retiró", apuntaron las fuentes.
Con orden del juez Suárez Romero, las TOE allanaron luego los domicilios de Cerrito 1420, Necochea 2094, 2do. "A", y Pellegrini 1876, 8vo. "C".
En los procedimientos, la policía habría hallado documentación sobre dos cuentas bancarias, una a nombre de Boix y otra cuyo titular no se precisó. También se halló papelería de la firma CM Distribuidora Córdoba, de Sánchez Hermanos, que no sería sino una pantalla para cometer estafas. El fraude contra el productor de Piedritas fue cometido con la pantalla de Distribuidora del Sur, empresa fantasma cuyo domicilio resultó ser una calle sin edificación de Villa Gobernador Gálvez y que utilizaba un número de Cuit que correspondía a una persona de Salta.
A la vez, en la estafa contra el empresario Bernardo García, de la ciudad salteña de Metán, el peligroso delincuente habría empleado un número de documento de identidad de un hombre de la localidad cordobesa de La Playosa.
Otro dato sorprendente consistió en el hallazgo de cuatro tarjetas verdes. Una de ellas correspondería a una pick up Chevrolet, patente TJE149, cuyo titular aparente es Rufino Jorge Pardo: casi un homónimo del detenido.
La policía halló además documentación sobre compraventa de vehículos, en los que aparecen los nombres de varios escribanos. Se supone que serán llamados a declarar para aclarar su situación.
La Ciudad
