Fuerte pelea en el mercado del glifosato

El avance de una investigación abierta por la Comisión de Comercio Exterior a raíz de una denuncia contra la importación de glifosato chino detonó una disputa aletargada en el sector agropecuario, entre productores y fabricantes del principal agroquímico que utiliza el campo.
La Comisión de Comercio Exterior, organismo dependiente del Ministerio de la Producción, decidirá en audiencia pública "en pocos días más" una investigación impulsada por Monsanto y Atanor, las principales productoras del glifosato en Argentina, a raíz del supuesto ingreso de ese producto desde China, a precios de dumping.
El presidente de Coninagro, Mario Raiteri, advirtió que si se hace lugar a la presentación de las empresas, se concentrará peligrosamente el mercado del herbicida. La entidad destacó que actualmente una docena y media de empresas nacionales "lo procesan e industrializan" el químico base que llega de firma, lo cual "contribuye a generar una competencia genuina en el mercado".
Monsanto posee casi 65 por ciento del mercado de glifosato, Atanor tiene el 15 por ciento y el resto lo comercializan 18 empresas argentinas, que "se perjudicarían si se frena la posibilidad de importar el producto", agregó Raiteri. Datos oficiales y privados dan cuenta que Argentina importa glifosato desde ese país asiático por un valor de 35 millones de dólares por año.
Desde el lado de los productores, "si la denuncia resultara favorable a Monsanto, esta firma se quedará con el 94% del mercado argentino, teniendo una posición dominante y convirtiéndose en un empresa monopólica que determinaría el valor del producto sin una competencia", advirtieron desde la dirigencia ruralista nacional.
Para las empresas que presentaron la denuncia de dumping, en cambio, penalizar la práctica de dumping no provocará un aumento del precio interno del producto, ni una concentración del mercado local en pocas manos.
"Brasil, Dinamarca, Estados Unidos, Bélgica y Gran Bretaña, entre otros, también producen de glifosato y los importadores locales podrían recurrir a cualquiera de esos países para mantener su actividad", alegan los voceros de las denunciantes.