Santa Fe.- La Corte Suprema de Justicia provincial resolvió suspender en sus funciones al juez de menores Julio César Rogiano, quien permanece detenido desde el jueves pasado en la división Asuntos Internos de la policía, luego de haber sido sorprendido cuando recibía dinero, que se encontraba marcado, presuntamente a cambio de liberar a un joven que se encontraba a su disposición.
El hecho, que sorprendió a una ciudad que sigue conmovida por la catástrofe hídrica que la afecta, fue calificado de "gravísimo" por el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, quien anticipó que el máximo tribunal se reunirá el lunes para convalidar la resolución adoptada, analizar la situación en que se encuentra el juez detenido y decidir qué es lo que corresponde reglamentariamente hacer con Rogiano, quien si se comprueba la imputación podría ser destituido por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados.
Rogiano fue sorprendido por Asuntos Internos de la policía cuando recibía dinero aproximadamente a las 19 del pasado jueves en la céntrica esquina de Crespo y 25 de Mayo. La policía actuó por indicación del juez de instrucción Diego de la Torre, quien luego de la denuncia de un particular ordenó que a Rogiano le fuera entregado dinero marcado y que se filmara todo el procedimiento. La suspensión del juez de menores fue resuelta ayer por la mañana por Gutiérrez, luego de haber recibido una solicitud que en tal sentido le elevara el procurador de la Corte, Jorge Bof. El Alto Tribunal dispuso abrir además el correspondiente sumario administrativo para elevar las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados.
"El hecho de que un juez haya cometido un delito es de una gravedad institucional muy importante", opinó el presidente de la Corte, aunque recordó al mismo tiempo que la justicia cuenta con recursos como para reparar el daño, vale decir que el caso de Rogiano pasará al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, organismo integrado por los ministros del máximo tribunal, legisladores y los presidentes de los colegios de abogados de Rosario y Santa Fe.
De confirmarse la imputación que pesa sobre Rogiano, correspondería proceder a su destitución. El fiscal de instrucción Nº 2, Arealdo Bertoldi, es quien debe llevar adelante el sumario para el que tiene un plazo de ejecución de 15 días.
Tal como consignara La Capital en su edición de ayer, el delito imputado al juez de menores sería el de cohecho o exacciones ilegales y que por haber sido sorprendido "in fraganti" ha quedado sin la protección de los fueros que lo amparaban por ser magistrado.
Dos hechos anteriores, sobre los cuales informara este diario, habían afectado la credibilidad de Rogiano. El más reciente refirió al presunto secuestro de su hija, episodio que investigó el juez José Manuel García Porta y quien, ante la imposibilidad de comprobar el ilícito, resolvió archivar las actuaciones. Sin embargo la sala respectiva rechazó la medida y le ordenó seguir investigando el caso. La actitud asumida por Rogiano en la ocasión fue cuestionada sosteniéndose que no estaba a la altura de lo que indica el Código de Etica para los magistrados.
Por un hecho anterior, la Corte dispuso que pagara 150 pesos de multa. En esa oportunidad Rogiano había sido acusado de entregar su número de teléfono celular a menores delincuentes. No se encontraron irregularidades en la actuación del juez de menores, pero se lo multó por haber confrontado públicamente con el denunciante, un remisero herido por menores que lo asaltaron.
El origen de la causa
El pasado 15 de abril la policía de la Unidad Regional I detuvo a una joven pareja sospechada de haber dado muerte a su bebé recién nacido. El bebé fue hallado muerto por un vecino en un contenedor.
La mujer es mayor de edad (tiene 19 años) pero no así su pareja, un menor de 17 años. Ambos en sede judicial habrían declarado que el pequeño nació muerto y que el parto se realizó de manera clandestina, al parecer sin el conocimiento de los padres de los jóvenes. A Rogiano se lo estaría investigando para determinar si es correcto que había solicitado una suma del orden de los 5 mil pesos para dictaminar a favor del joven, que sigue detenido. Al parecer al juez se le habría pagado 2.500 pesos. Al radicarse la denuncia ante el juez de instrucción sobre la presunta extorsión del magistrado, el juez De la Torre dispuso montar una trampa que se puso en marcha cuando se habría procedido a pagarle a Rogiano la segunda parte de la suma apuntada.
En este episodio estaría también implicada una mujer.