Estaban detenidos en la cárcel de Coronda pero desde hace nueve meses se encuentran en unidades penales de Chubut, Chaco, Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires. Son once presos santafesinos que recibieron una condena adicional a la que cumplen: por la distancia, no tienen visitas de sus familiares y tampoco pueden iniciar acciones legales, ya que continúan a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de la Unidad 1.
La situación de los presos fue denunciada por la Coordinadora de Trabajo Carcelario ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia. La semana próxima se hará la misma presentación ante el procurador penitenciario del Ministerio de Justicia de la Nación. El organismo de derechos humanos reclamó la devolución de los presos al penal de Coronda y advirtió sobre la situación de un interno de apellido Veloso, que se declaró en huelga de hambre en la cárcel de Rawson y de otro, Alejandro Antonio Quevedo, quien padece problemas de salud y está en la cárcel bonaerense de Marcos Paz.
Los presos fueron trasladados en distintas tandas, a partir de julio del año pasado. El Servicio Penitenciario de la provincia, entonces a cargo de Arturo Gandolla, acudió a un convenio con el Servicio Penitenciario Federal.
En la Coordinadora de Trabajo Carcelario sostienen que en algunos casos la medida constituyó una represalia. Según Antonio Tesolini, vocero del organismo, "llevaron a Rawson a presos que tenían experiencia y que en momentos complicados apelaban al diálogo, como por ejemplo en el motín de febrero de 2002". En esa ocasión, denunciaron los presos, guardias del Servicio Penitenciario mataron a tiros a los internos Claudio Alberto Antonio e Iván Julio Mosqueda, cuando se encontraban en sus celdas.
Al norte y al sur
Cuatro de los presos fueron conducidos a la cárcel de Resistencia; otros cuatro recalaron en el penal de Rawson, dos fueron a Río Gallegos y uno Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, informó la Coordinadora.
Uno de los detenidos en Río Gallegos fue trasladado luego a Rawson, mientras el restante habría recuperado la libertad.
Los presos no se enteraron de sus nuevos destinos hasta el momento mismo en que fueron sacados de sus celdas. Tampoco pudieron conocer los motivos por los que se los trasladó.
En su presentación ante la Cámara de Diputados, la Coordinadora señaló que los traslados "violan los derechos del interno a mantener una relación con su familia". La ley de ejecución de la pena considera que "las relaciones del interno con su familia en tanto fueren convenientes para ambos y compatibles con su tratamiento deberán ser facilitadas y estimuladas".
Asimismo, el organismo de derechos humanos denunció la violación de la norma según la cual el preso debe estar sometido al permanente control judicial, a través del juez de ejecución. "Este principio se encuentra claramente conculcado porque el juez de ejecución que está a cargo es el de Coronda", a unos 300 kilómetros de Marcos Paz, 700 de Resistencia, 1700 de Rawson y 3000 de Río Gallegos.
"Estas prácticas que a veces conllevan finalidades disciplinarias se realizan con arbitrariedad y al margen de los requisitos de la ley. Asimismo, existe una práctica común de realizar traslados con amplios márgenes de discrecionalidad, sin fundamentos razonados sobre la decisión y, en ocasiones, restringiendo el acceso a la información a los mismos internos, situación que también reviste arbitrariedad y afectación de los derechos humanos de los presos", indicó la Coordinadora.
La forma de traslado de los presos, agregó el organismo, encuadra en "una política penitenciaria que tiende a tomar medidas en detrimento de derechos esenciales de las personas privadas de libertad, pero sobre todo en detrimento al cumplimiento del fin mismo de la ejecución de la pena, que es la readaptación o resocialización".
La Ciudad
