Año CXXXVI
 Nº 49.823
Rosario,
viernes  25 de
abril de 2003
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Prisión efectiva a un gestor que estafó a 37 dueños de vehículos
Cobraba más de 200 pesos para transferir o reempadronar rodados y nunca hacía los trámites

María Laura Cicerchia / La Capital

Un gestor que engañaba a sus clientes cobrándoles cifras superiores a los 200 pesos para la transferencia o reempadronamiento de sus vehículos pero jamás realizaba el trámite fue condenado a 4 años de prisión por la sumatoria de estafas. De las que fueron víctimas 37 personas que jamás recuperaron su dinero ni obtuvieron sus papeles al día. En ocasiones la maniobra iba más lejos. El imputado entregaba una autorización para circular con firma y sello apócrifos de una oficina judicial.
La condena fue impuesta a Oscar Aníbal Gómez, un chaqueño de 44 años, por el juez de Sentencia Nº 2, Antonio Ramos. El juez consideró probados 37 hechos de defraudación por administración fraudulenta, 8 de falsedad material de instrumento público y 7 de adulteración de sellos oficiales. Sólo en un caso del aluvión de denuncias resultó absuelto.
Los hechos denunciados ocurrieron a partir del año 97 en la gestoría que Gómez conducía en la calle Uruguay 3911 de Rosario. A comienzos del año 1999 la estafa quedó al descubierto y un batallón de personas comenzó a circular por la comisaría de Soldini y los Tribunales provinciales para denunciar que habían entregado documentación y dinero en la gestoría sin resultado alguno.
Los damnificados entregaron desde 200 a cerca de mil pesos en distintos pagos que siempre iban seguidos de promesas del gestor acerca de que la conclusión del trámite era inminente. Sólo en los casos denunciados se alzó con 12.342 pesos.
En ocasiones acompañó a las víctimas a firmar el formulario 08 para la iniciación de la transferencia o entregó una certificación de que la gestión se encontraba en trámite. Solía decir que "en 20 días" estaría todo terminado, pero muchos de sus clientes pasaron años reclamando sin éxito sus documentos. Con frecuencia entregaba recibo por el dinero abonado.
Gómez no supo explicar las razones del tremendo atraso en las gestiones. Dijo que "sus clientes sabían del atraso producto de su decadencia económica" y que nunca les sacó dinero sabiendo que no realizaría el trámite. "Creo que en cada trámite hay un trabajo hecho", adujo, aunque no negó que en ocasiones hubiera usado el dinero para cuestiones personales. También se excusó diciendo que desconocía la mecánica de ciertas gestiones.
Pero además del ardid empleado para dilatar los plazos sin obtener la documentación requerida, Gómez está acusado de haber estampado firmas apócrifas y un sello falso en las autorizaciones para conducir vehículos que entregó. En las mismas figuraba una réplica del sello de la oficina judicial de Certificación de Firmas y una imitación de la firma de su secretario, además de una firma apócrifa del titular original de los vehículos. El sello duplicado fue hallado en su oficina y una pericia caligráfica demostró que las firmas truchas eran de su puño y letra.
El juez encontró en todos los hechos el rastro de un idéntico modo de operar y una cadena de incumplimientos sin justificación válida. Además, entendió que demostró "desprecio" por los estafados, a muchos de los cuales citaba en Tribunales para realizar algún trámite pero nunca acudía a la cita.



El pícaro gestor solía decir que "en 20 días" cumplía los trámites. (Foto: César Arféliz)
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