Pablo Díaz De Brito y Leonardo Graciarena / La Capital
Para el juez español Baltasar Garzón la actual invasión estadounidense de Irak "significa la aceptación de la teoría de los espacios sin derecho", y "parece que todo lo que rodea a lo que hace EEUU en la supuesta guerra contra el terrorismo internacional está admitido. Y evidentemente ni puede ni debe ser así. Porque la línea divisoria entre la legalidad y la barbarie está precisamente en el cumplimiento de la legalidad internacional". El célebre magistrado que encarceló a Augusto Pinochet distingue con vehemencia su lucha antiterrorista de la de los halcones de Bush: "La gente comienza a diferenciar lo que es la lucha legal contra el terrorismo con estas otras formas, que evidentemente no puedo calificar como de lucha contra el terrorismo sino de actuación criminal, porque están fuera de la ley".
Garzón llegó ayer a Rosario invitado por la Universidad Nacional de Rosario, que le otorgó un doctorado honoris causa. Hoy será declarado ciudadano ilustre por el intendente Hermes Binner en el Museo de la Memoria.
-Como un antecedente para legitimar la guerra a Irak, EEUU y Gran Bretaña han invocado la guerra de Kosovo (1999), que permitió juzgar a Milosevic por crímenes de lesa humanidad y evitó un genocidio, pero no tuvo la sanción legal de la ONU. "En Kosovo no había legalidad pero sí legitimidad", se ha argumentado.
-No es necesariamente así. En la guerra de Kosovo hubo varias decisiones que se concatenaron y que la hace bastante diferente a la guerra de Irak. Hubo una decisión de la Unión Europea y una de la Otán. Hubo después una legitimación a posteriori por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Había una situación flagrante, inmediata, de violación masiva de derechos fundamentales. Había una situación humanitaria desastrosa, éxodo de personas, se estaban cometiendo delitos contra la humanidad que ya de por sí mismos motivaban una decisión y esa intervención. Todo ese conjunto de circunstancias son las que hacen que la guerra de Kosovo sea, no sólo una guerra legítima sino legal o legalizada a posteriori por la propia acción de la ONU. Eso no ha ocurrido aquí.
-¿Y el debate en la ONU?
-En la invasión de Irak no ha mediado acuerdo del Consejo de Seguridad. Es más, hubo una decisión contraria. Cuando se ha visto que el proyecto de resolución presentado por España, Gran Bretaña y Estados Unidos iba a ser derrotado cuando se votara el 17 de marzo, se retiró. Y la resolución 1.441 no legitimaba la intervención porque no autorizaba la utilización de todos los medios. Eso conlleva a que estamos en una guerra fuera de la legalidad.
-¿Se puede pensar en juzgar a Aznar o Bush, como usted sugirió?
-Yo no sugerí que se pudiera juzgar a Aznar. Lo que dije es que se trata de una guerra ilegal y que los que la propiciaron, auspiciaron o desarrollaron se colocaron fuera de la legalidad. Y esa responsabilidad debe ser valorada en el ámbito que corresponda. Que puede ser político o judicial, pero en cada uno de los países. En Inglaterra, el fiscal general del Estado, que forma parte del gobierno, antes que se iniciara el conflicto dijo que no había obstáculos de legalidad. En España se interpusieron diferentes denuncias y querellas en contra de la decisión del jefe de gobierno y por tanto deberemos estar a la espera de que el Tribunal Supremo decida lo que corresponda. Y en cuanto a EEUU, sin perjuicio de que hay que analizar cada una de las actuaciones que se hayan producido en Irak, sin lugar a dudas ya se valoró la posibilidad de que por esa decisión de ir a la guerra por fuera de la legalidad pueda haber alguna responsabilidad.
-EEUU no reconoce la Corte Penal Internacional (CPI) ¿No es un límite más que importante?
-Evidentemente, pero también se prevé en el Estatuto de Roma que el Consejo de Seguridad atribuya competencia a la CPI en aquellos casos que considere. El problema es cómo se debe interpretar la decisión del Consejo de Seguridad. Si al modo tradicional y con vigencia del derecho a veto, o al modo como prevé el artículo 16 del Estatuto de Roma, que es el sistema simplemente mayoritario. Eso significa, desde mi punto de vista, que la decisión está más próxima a la segunda interpretación.
-Sobre la forma de juzgar los crímenes de guerra parece haber tres alternativas: la Justicia estadounidense, el proyecto presentado por un consejo de juristas iraquíes o un tribunal especial de la ONU según el modelo de la ex Yugoslavia.
-Para mí, el primero es absolutamente rechazable. Tanto por los antecedentes como por el desarrollo del conflicto, puesto que no habría imparcialidad. El segundo modelo, la creación de un consejo de juristas iraquíes formados en el exterior legalizado por los países vencedores, peca exactamente de la misma parcialidad que el de la Justicia estadounidense. El tercer modelo, un tribunal de la ONU, creo que es el adecuado. Pero haciendo un esfuerzo, se le podría dar vigencia desde el Consejo de Seguridad a la CPI.
-¿Esto es políticamente viable?
-La cuestión está en cómo actúe el Consejo de Seguridad: si con el sistema de veto o el de mayoría. Desde mi punto de vista, en todo lo que se refiere a la competencia de la CPI, el Consejo de Seguridad debe actuar por mayoría.
-¿Hay antecedentes de una resolución de este tipo en el Consejo de Seguridad?
-La hubo en relación a la suspensión del Estatuto de la CPI para los cascos azules de nacionalidad estadounidense en Bosnia, en el mes de julio del año pasado. Fue la primera vez, y no precisamente para bien, que se autorizó la cláusula que prevé el artículo 16 del Estatuto de Roma (que da forma a la CPI).
-Pero parece que EEUU no confía en la Justicia internacional.
-Yo le contestaría: de la que no me fío es de la Justicia norteamericana.
-¿Qué opina sobre los terroristas prisioneros en Guantánamo?
-Me parece una de las aberraciones más graves que vivimos en la actualidad en el ámbito del estado de derecho. Debería regir un sistema de protección de los derechos fundamentales. Resulta absolutamente alucinante que el argumento que se emplee para justificar esta ausencia de derecho es que no están los detenidos en territorio norteamericano. Me parece un eufemismo y un sarcasmo muy grave. De un cinismo bastante elevado.
-¿Cuál es su valoración de la licencia para matar a 52 personalidades iraquíes que dio EEUU con el mazo de póquer?
-Es que estamos haciendo valoraciones sobre algo que termina siendo estratosférico. Es decir, es la negación de la humanidad, de la ley, de la legitimidad democrática. Es una aberración que todo el mundo, y no estoy incluyendo aquí a los organismos de derechos humanos, no tenga nada que decir cuando se edita una baraja de póquer con rostros diciendo "Vivos o muertos". En definitiva es la reedición de los cazas recompensas del viejo oeste. Me parece que es un desprecio absoluto a la legalidad internacional. Y me parece mucho más grave que los países no digan nada, y sigan hablando de entendimiento, de reconstrucción, cuando aceptan esa violación de los derechos más elementales. Porque esto significa la aceptación de la teoría de los espacios sin derecho.
-Pero se dice que es en el marco de la lucha contra el terrorismo.
-Parece que todo lo que rodea a lo que hace EEUU en la supuesta guerra contra el terrorismo internacional está admitido. Y evidentemente ni puede ni debe ser así. Porque la línea divisoria entre la legalidad y la barbarie está precisamente en el cumplimiento de la legalidad internacional. Esa es nuestra legitimidad. Si la pasamos a través de asesinatos selectivos, de secuestros autorizados, de eliminaciones físicas sin control que te convierten en juez, parte y en los que toman las decisiones sobre la vida de otros. Te terminas convirtiendo en lo que querés combatir.
-¿Qué siente cuando cierto público piensa que la lucha contra el terrorismo de Bush es la misma que la de Garzón?
-Bueno... creo que la gente comienza a diferenciar lo que es la lucha legal contra el terrorismo con estas formas que evidentemente no puedo calificar como de lucha contra el terrorismo sino de actuación criminal, porque están fuera de la ley. Me ofende que puedan confundirla con la lucha, con todas y cada una de las garantías, incluso más de las que legalmente puedan existir, que desarrollamos miles de profesionales del derecho tratando de día a día hacer cumplir la ley.
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La Ciudad
