Daniel Leñini / La Capital
La multiplicación de asambleas en lugares de trabajo, movilizaciones, paros parciales por horas y la instalación de carpas de protesta (como la del hospital Centenario) son señales que para buena parte de los agentes públicos de Santa Fe ya no alcanza con cobrar a término y en pesos.
"La inflación, que en un año aumentó el 60 por ciento la canasta familiar, en los empleados de ingresos más bajos quitó hasta el aliento. Y comenzaron a reclamar", señaló Néstor Ferrazza, del sindicato municipal.
Las protestas -se sabe en ambos lados: gobierno y sindicatos- todavía no explotaron, pero muchos de los consultados estimaron que eso podría comenzar a verse en mayo o junio.
No todo es tan lineal sin embargo: algunos movimientos por fuera de las estructuras gremiales de UPCN y ATE -como la carpa del Centenario y las que se pretenden armar en el Iapos y en el hospital Provincial- llevan la intención de multiplicarle los conflictos al gobierno de Reutemann en un año electoral, indicaron funcionarios de la Casa de Gobierno. "Están alimentados por la CTA y el ATE Verde que responden al ARI", confiaron, con un manejo de las siglas que sorprende.
Pero más allá de las consideraciones la presión ya empezó. Amsafé, el sector mayoritario de los empleados de la provincia (cerca de 60 mil docentes), hará asamblea de delegados esta semana, una vez cerrada la polémica por el plus anual de 50 pesos. Los municipales -otros 30 mil en toda la provincia- definirán el viernes un plan de lucha a través de la Festram, la federación que los nuclea. Y UPCN, conducida por el histórico Alberto Maguid, comenzó a golpear los despachos de Santa Fe en busca del gesto esperado: que los funcionarios declaren la apertura de la discusión salarial.
"Una vez que den la señal se abre otra etapa, la discusión en serio", dijo una fuente de ese gremio. "Porque empiezan a barajarse las distintas alternativas: si aumento por suma fija, por porcentajes o la derogación de la ley de emergencia que todo el mundo espera".
La ley de emergencia no representa en la provincia el descuento del 13 por ciento que rigió en la Nación; sino que congela la antigüedad y otros adicionales y aumenta el aporte, en un punto, a la Caja de Jubilaciones y en medio punto al Iapos.
A este diario llegaron múltiples señales de que el gobernador Reutemann ordenó a los equipos técnicos evaluar la anulación de la emergencia, que rige en Santa Fe desde 1989 y se renueva periódicamente. Pero el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Hammerly, candidato a gobernador además, negó la posibilidad.
Ferrazza, por su parte, opinó que los aumentos por suma fija "si bien sacan del apuro desfinancian el sistema previsional (cajas de jubilaciones), porque no establecen aportes".
Admitió el gremialista haberse reunido con el intendente Hermes Binner el miércoles pasado: "Le insistimos con la necesidad de una recomposición salarial como lo venimos haciendo desde fines del 2002", afirmó.
El sindicalista aclaró que "no acompañamos el razonamiento de que para aumentar salarios hay que subir la tasa municipal", en referencia a recientes declaraciones de Binner. "Pero sí en cambio acompañamos el pedido de los intendentes y presidentes de comuna a los que el gobierno provincial adeuda 55 millones de pesos por coparticipación de ingresos brutos y sellos. Si pagara esos montos estaría el dinero para el aumento que los empleados merecen", consideró.
A la grilla de reclamantes hay que sumar también las porteras y personal de comedores agrupados en Soeme. El secretario general de ese sindicato, Nelson Andrenacci, señaló que el sector tiene un promedio salarial de 380 pesos, "el 50 por ciento de la canasta familiar". Y que lo componen 7.500 agentes en toda la provincia, casi todas mujeres.
"Nosotros reclamamos una compensación como la del sector privado que será finalmente de 150 pesos", apuntó.
Expresó que enviaron notas al gobernador y al ministro de Educación, Daniel Germano. En cuanto a la presión de las bases sobre la conducción dijo que "los afiliados saben que se hace lo que se puede, y que se los trata de ayudar con el coseguro médico, la entrega de guardapolvos o útiles. Saben que el causante es el gobierno, no nosotros".
El gobernador Reutemann reconoció el jueves que "los sueldos están atrasados y que corresponde un aumento de acuerdo al costo de vida". Pero "el dilema es de dónde salen los recursos. No vamos a endeudar la provincia para aumentar los sueldos".
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