Después de varios años de buen matrimonio, los argentinos y el sistema bancario están intentando recomponer una relación imprescindible que se quebró en noviembre de 2001 tras la fenomenal crisis que todos conocemos y padecimos. Tímidamente los depósitos comienzan a volver al sistema, hay principio de solución definitiva al problema del corralón financiero -aunque con algunas cuestiones latentes sobre el descalce patrimonial de las entidades por la pesificación asimétrica- los bancos en situación más delicada se sanean o son absorbidos por otros, y empiezan a prestar los servicios necesarios para aceitar las relaciones comerciales y la cadena de pagos.
Lo que todavía no tiene visos de reaparecer es ni más ni menos que el crédito para el sector privado (empresas y personas), pero mientras las expectativas continúen en el sendero actual y la recuperación económica se consolide y se vea reflejada en la rentabilidad de las firmas, con seguridad volverá. En definitiva es lo que le da sentido de existencia a los bancos.
Lo anterior es sin embargo una generalidad. Hay historias con grandes desencuentros cuyos desenlaces se acercan y que por su naturaleza tienen en vilo a muchos que no tienen otra opción. Ese es el caso del Nuevo Banco de Santa Fe, especial por muchas razones que se pueden resumir en una: es un bien cuasi público.
El Nuevo Banco de Santa Fe es considerado el "banco de los santafesinos", sus orígenes datan de 1874 cuando el Banco Provincial de Santa Fe abrió sus puertas. Recién en 1991, el Banco Provincial de Santa Fe se convirtió en sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.
En la actualidad posee 105 filiales de las cuales hay una en Buenos Aires, una en Córdoba y las 103 restantes se encuentran distribuidas en toda la provincia. Lleva servicios financieros a localidades que por su reducida población y tamaño de mercado no despiertan el interés de otros bancos privados, genera en forma directa 1.800 puestos de trabajo y además actúa como agente financiero del gobierno provincial. Este último punto no es menor, para tomar su dimensión basta con mencionar que la el Estado provincial (o sea todos los santafesinos) es titular de más del 20 por ciento de los depósitos, una cifra que ronda los 300 millones de pesos.
La historia reciente del Banco no es muy feliz. El ex Banco de Santa Fe SA fue privatizado en 1995, durante la gestión del gobernador Obeid, fue adjudicado
al ex Banco General de Negocios (BGN) cuyos principales accionistas eran Credit Suisse First Boston, JP Morgan Chase y Dresdner Bank, cada cada uno con más de 25 por ciento de participación).
Hace exactamente un año, el Banco General de Negocios solicitó al Banco Central la suspensión de sus actividades y se conformó un fideicomiso que administra los activos del privatizado Nuevo Banco de Santa Fe, controlado por el ABN Amro Bank, de capitales holandeses.
A pesar de todo, la entidad logró encuadrarse y está funcionando bien. Cuenta con un activo de 1.787 millones de pesos, un patrimonio neto positivo de 440 millones y, lo más destacable por los tiempos que vive el sector bancario, en 2002 arrojó una ganancia operativa de 296 millones.
En los últimos meses abrió alrededor de 4.500 nuevas cuentas y desarrolló instrumentos de apoyo y fomento de las exportaciones. Pero su futuro se define la semana próxima.
El fideicomiso fue considerado un paso intermedio para llegar a la venta del banco de manera rápida, y el plazo de presentación de ofertas para la adquisición del banco que vencía el 2 de abril fue prorrogado hasta el 10 de abril para permitir el ingreso de nuevas propuestas de compra.
La fracasada privatización está fresca en la memoria y en los bolsillos de la personas que producen y trabajan en Santa Fe y también de la propia Gobernación.
Esa preocupación se multiplica dado que la provincia tiene un rol muy limitado en el proceso de venta, ya que sólo verificará que el oferente cumpla con las condiciones impuestas al momento de la privatización. La elección del próximo dueño estará en gran medida en manos de las autoridades del fideicomiso, que evaluará la oferta según las exigencias establecidas en los pliegos, y del Banco Central, que dictaminará sobre la viabilidad de las distintas propuestas de compra.
En este caso hay mucho más en juego que la sola venta de un banco. Es una entidad privada pero dado su origen y funciones actuales tiene sobre sus hombros responsabilidades similares a las de un banco público, como brindar apoyo financiero y de servicios a actividades productivas regionales que por su locación no tienen a su alcance otras entidades, o servir de agente financiero a su principal cliente, el gobierno provincial.
Por esos motivos, la idoneidad y la solidez patrimonial del próximo dueño que se haga cargo es más relevante que en el común de este tipo de transacciones. Si se elige mal puede salir perjudicado el gobierno y una franja importante de economías regionales que hoy no tienen otra opción de financiamiento.
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La Ciudad
