Carlos Walter Barbarich / La Capital
Venado Tuerto. - El edil justicialista Alberto Turcato presentó un proyecto de ordenanza tendiente a crear un registro municipal de deudores de cuotas alimentarias en el ámbito de la Secretaría de Gobierno municipal. Quienes figuren en ese listado no podrán desempeñarse en cargos públicos, ser proveedores del municipio, tener licencias de conducir o acceder a moratorias o beneficios tributarios. "La intención de colocar al Estado municipal como garante, es decir, como sujeto activo en la tutela de los intereses de los menores, implica la asunción de la responsabilidad que la sociedad tiene para con los más débiles", señaló el edil al presentar su proyecto. La inscripción o baja en el registro se haría sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte. Allí podrán figurar no sólo venadenses sino también personas que desarrollen actividades comerciales o profesionales en la ciudad. "Además de los derechos inherentes a su condición humana plasmados en la Constitución nacional los niños tienen prerrogativas específicas e indispensables para un desarrollo sano y armónico. Y requieren de los adultos y de la sociedad comportamientos que garanticen su cumplimiento", fundamentó Turcato. "Siguiendo tales criterios -añadió el concejal- el Código Civil tutela la obligación alimentaria, que deriva del ejercicio de la patria potestad. Sin embargo, muchas veces todo ello se traduce en letra muerta, pues la realidad indica que muchos de los sujetos obligados a la asistencia y cuidado del menor se insolventan fraudulentamente o se desentienden de sus obligaciones pasando por alto los derechos de los menores". Para Turcato, "las vicisitudes que sufren las parejas, matrimoniales o no, no pueden influir en perjuicio de su derecho alimentario". Turcato enfatizó que las madres, generalmente quienes tienen la guarda de los hijos, no siempre pueden exigir a los padres que cumplan con sus obligaciones. En este sentido, sugiere que el Estado pueda garantizar los derechos, ya que en muchos casos la intervención de la Justicia "no es suficiente, aunque la ley prevé sanciones penales para quienes colocan en situación de abandono a sus hijos". "Este proyecto -indicó- implica la participación activa en las demandas sociales y el compromiso con quienes constituyen el futuro, es el Estado quien tiene a su alcance los medios necesarios para trabajar sobre métodos preventivos, asistenciales y reintegrativos que sirvan para garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, todo ello bajo el amparo de la legislación y los procedimientos vigentes".
|  El concejal venadense por el justicialismo Alberto Turcato. |  | Ampliar Foto |  |  |
|
|