El comisario mayor José Ferrari se creía intocable. "Si quiere vaya a denunciarme ante el juez, vaya a la Corte, vaya donde quiera. Acá el que manda soy yo. Yo soy el jefe y mando lo que quiero", le dijo a Rosa Susana Brest, que reclamaba por la arbitraria detención de su hijo. La mujer acudió a la Justicia y pese a que el fiscal a cargo no ordenó ninguna medida su historia sirvió para que el policía fuera desplazado de las funciones que cumplía, la Jefatura Departamental de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.
El caso que derivó en la remoción del jefe policial se inició el 2 de diciembre. Un grupo de policías que se conducía como una patota y que mandaba el propio Ferrari irrumpió sin orden de allanamiento en una casa del barrio San Jorge, de San Nicolás, en busca de Pablo Andrés Quintana, de 18 años, supuestamente porque había salido corriendo al ver a los agentes.
Según la familia, dentro de la casa, mientras un suboficial sujetó a Quintana y le apuntó con su pistola en el estómago, el comisario Ferrari lo tomó del cuello, le pegó una trompada en la nariz y lo amenazó con su arma. Luego se fraguó una causa por atentado y resistencia a la autoridad.
El 3 de marzo pasado, el Ministerio de Seguridad bonaerense desplazó a Ferrari de su puesto y lo destinó a tareas administrativas en La Plata. "Hubo un gran alivio en la justicia de San Nicolás, que no confiaba en Ferrari, y también en la policía, porque hubo mucha persecución a la tropa de su parte", dice el abogado Luis Valenga, representante de la familia Quintana. Entonces, "los medios de San Nicolás jugaron un papel lamentable, porque en general fue la campana de Ferrari la que tañía todo el tiempo".
La investigación de la denuncia avanza con lentitud. "La actuación del fiscal (Hugo Vanni) no está a la altura de las expectativas", sostiene Valenga (ver aparte).
Malas costumbres
En marzo de 2001, en una entrevista con La Capital, Ferrari sostuvo que "la policía científica es un invento" y se pronunció por "los métodos tradicionales". En este sentido, agregó: "Yo no digo tortura, pero depende a quién. Tener a un tipo sentado, sin comer durante 24 horas y pegarle un par de cachetadas no es tortura".
Esas declaraciones se correspondían con otras actitudes que serían simplemente descabelladas si no contuvieran mensajes amenazadores para el resto de la sociedad. Así, Ferrari designó como su chofer a un policía denunciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales por el asesinato de un menor en un caso de gatillo fácil. Y organizó un homenaje a Carlos Castillo, un cabo involucrado en el encubrimiento de la Masacre de Ramallo.
Las denuncias por apremios ilegales y abusos policiales aumentaron en San Nicolás desde que Ferrari se hizo cargo de la Jefatura Departamental. Según estadísticas judiciales, en 1999 hubo 20 denuncias; en 2000, 76 y en 2001, 89.
Asimismo, los registros del Banco de datos sobre torturas y otros tratos crueles, degradantes e inhumanos "indican que San Nicolás ocupa el tercer lugar entre los distritos con mayor promedio de abusos", dice Gabriel Ganon, de la Defensoría General Departamental.
Sin embargo, para Ganon, el problema de la violencia policial en San Nicolás no se resuelve con el desplazamiento del jefe de la Departamental. "Eso depende de una serie de factores, y sobre todo de la actitud que lleven adelante cada una de las instituciones del Estado en la prevención y represión de tales conductas. Si los funcionarios que violan la ley son condenados, los abusos van a disminuir. Es una cuestión muy compleja y muy antigua, entre el fin y los medios que se utilizan. Muchas veces la aplicación de las leyes justifica el uso de cualquier medio", dice.
En marzo de 2000 la Defensoría de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires creó el Banco de datos sobre torturas, cuyo registro estaba a cargo de las defensorías departamentales. Según explica Ganon, "hay un sinnúmero de personas que por su habitualidad en el contacto con el delito prefiere no realizar la denuncia de las vejaciones o ilegalidades de que son víctimas. O tienen la experiencia de presentar la denuncia y que la Justicia no haga nada. Es lo que se llama la cifra negra del delito, aquello que no aparece en las estadísticas oficiales".
Si bien encontró algunas resistencias, "la existencia de este Banco fue muy importante porque sirvió para plantear la discusión de cómo la policía debe cumplir su tarea" y para remarcar "la necesidad de que sea en estricto cumplimiento de la ley".
Al respecto, "Walter Benjamin decía que la violencia ejercida de una manera ilegal por el Estado excluye el mismo modelo que el Estado dice defender; si estamos en un Estado de derecho la violencia ilegal es una práctica ilegítima que genera más violencia y más resistencia".
Entre marzo de 2000 y septiembre de 2002 el Banco registró 1.515 casos de tortura, de los cuales sólo la mitad fueron denunciados judicialmente. "La existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes es una práctica habitual en el alojamiento de presos y en la detención, en el territorio de Buenos Aires y también en la provincia de Santa Fe", dice Ganon, que integra en Rosario el Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos.
Los abusos suelen estar ligados con otros delitos policiales. "A veces hay una forma de presentación preestablecida. Se da un hecho como atentado y resistencia a la autoridad cuando lo que en realidad existió fue un abuso funcional".
El comisario Ferrari parecía despreciar la posibilidad de ser investigado. "Algunos funcionarios creen que gozan de absoluta impunidad para cometer esos hechos -dice Ganon-. En general la investigación judicial no llega donde debería llegar. Pero esta no es una particularidad de San Nicolás sino una característica del país".
La Ciudad
