Tres hermanos que quedaron huérfanos de su madre cuando ésta estaba por dar a luz, en 1996, fueron abusados por su padre, luego separados y entregados a terceros, y en estos días, reunidos bajo el amparo de sus tíos maternos, tienen además sobre sí la amenaza de volver a ser separados.
"Es un caso inédito de maltrato institucional", dijo ayer el abogado Juan Pablo Gallego, asesor letrado del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Los chicos, Javier (17 años), Damián (10) y Gimena (7) -a quienes se les han cambiado sus nombres para preservar sus verdaderas identidades- se encuentran en la actualidad juntos, bajo la guarda de la familia Díaz Guerra, ya que la mujer era hermana de la madre.
En abril de 1996, Sara Graciela Díaz, de 33 años y embarazada de 8 meses, fue internada por un ataque de hipertensión debido a una golpiza que le habría propinado su marido -según el menor de sus hijos y de otros tres testigos, que constan en la causa- hecho ocurrido en la vivienda familiar de la localidad de Muñiz, en el noroeste del conurbano bonaerense.
A los cuatro días de su internación la mujer murió, pero los médicos lograron salvar a la beba que llevaba en su vientre.
A pesar de la situación, los tres niños quedaron a cargo del padre, Julio Miranda.
A los dos meses, los tres hermanos presentaban síntomas precarios de salud, y Javier, entonces de 10 años, comentó a sus tíos que sufría situaciones de violencia y abuso sexual por parte del padre, lo que dio inicio a la acción legal por parte de Susana Cristina Díaz de Guerra, hermana de la occisa.
Las pericias efectuadas por tres profesionales de la Justicia de San Martín, determinaron que el progenitor de los tres chicos tiene una personalidad "borderline" con comportamientos "psicopáticos e incapacidad para inhibir impulsos violentos", además de "la incapacidad de ejercer el rol paterno".
También, según consta en la causa abierta en su contra, Miranda es dueño de un verdadero arsenal, comprobándose que posee 6 armas cortas y 12 armas largas de guerra.
Al comprobar los hechos de abuso, el juez Bernardo Mogaburu, a cargo del Juzgado de Menores N 2 de San Martín, otorgó a sus tíos Díaz Guerra sólo la guarda de Javier, separándolo así de sus hermanos y, aunque no se pueda creer, dejando en manos del padre abusador a los otros dos niños.
Tal como era previsible que sucediera, durante los tres años siguientes, Damián, entonces de tan sólo 4 años, fue golpeado y abusado por su padre y recién en agosto de 1999 el juez Mogaburu lo dio en guarda a sus tíos biológicos.
La nena fue entregada a los vecinos
Mientras tanto, Gimena, la más pequeña, fue entregada por el padre abusador a sus vecinos, Dora y Carlos Mancuso, lo que fue convalidado por el mismo juez, a pesar de que los tíos reclamaron repetidamente su tenencia.
Los Mancuso son investigados actualmente por Abuelas de Plaza de Mayo por delitos relacionados a la etapa de la represión, y por la apropiación durante la dictadura militar de un niño de una desaparecida, que nació en el campo clandestino "El Vesubio" y fue inscripto como hijo propio.
En noviembre del 2001 el juez fue apercibido gravemente y separado de la causa por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y recién el 12 de abril de 2002, la pequeña se reencontró con sus hermanos y tíos, con quienes vive actualmente.
"Sin embargo los menores y su familia hoy soportan nuevamente el embate de los apropiadores Mancuso y del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial, Eduardo Pettigiani", dijo Juan Pablo Gallego, abogado de los Díaz Guerra.
"Con la anuencia de los demás miembros del alto tribunal, Pettigiani pone en peligro la unión de los hermanos. Hoy Gimena está en riesgo de ser separada nuevamente de su familia biológica y de origen", agregó. (Télam)
La Ciudad
