Héctor Méndez / La Capital
Dos de los tres senadores nacionales que representan a Santa Fe, Roxana Latorre (PJ) y Horacio Usandizaga (UCR), seguramente bajarán hoy al recinto cuando llegue el momento de considerar el futuro de Luis Barrionuevo. Por lo que se sabía anoche, ambos levantarán una mano para que el frustrado candidato a gobernador de Catamarca pierda la banca. El tercer senador, Oscar Lamberto (PJ), no se expresará sobre la cuestión porque está en Milán con la comitiva del ministro de Economía, Rodolfo Lavagna, y recién regresa el viernes. Latorre quiere la expulsión sin vueltas, junto a otros cinco representantes del justicialismo. Sin dejar de marcar las responsabilidades del gobierno catamarqueño por los gravísimos sucesos en esa provincia, la senadora justificó su posición en "las altas responsabilidades políticas (de Barrionuevo) y en la gravedad institucional de los hechos". De todos modos, la mujer le dijo anoche a La Capital que es altamente improbable que Barrionuevo sea echado hoy ya que no se alcanzarían los números necesarios: los dos tercios de los presentes. Estimó que se necesitarían 37 votos por la expulsión, tope que no sería alcanzado por los senadores de la oposición y los rebeldes del PJ -Latorre, entre ellos-. La senadora admitió que el lunes había adelantado al gobernador Carlos Reutemann su posición contraria a la continuidad de Barrionuevo en la Cámara. Y si bien fue imposible escuchar de labios de Usandizaga cuál será su posición, desde las cercanías del legislador radical se aseguró que el Vasco se inclinará por la exclusión del polémico gremialista. Uno de los dirigentes de mayor llegada a Usandizaga explicó que el ex intendente de Rosario votará por la exclusión de Barrionuevo "sea cual sea" el dictamen que presente la comisión de Asuntos Constitucionales que deliberó ayer bajo la presidencia de Cristina de Kirchner. Sobre la cuestión, la junta ejecutiva provincial del PDP "demandó" a los senadores nacionales por Santa Fe que hoy voten la separación del cuerpo de Barrionuevo, "responsable principal de los graves desmanes que acabaron con la suspensión de los comicios en Catamarca". El planteo se fundamentó "en la grave violación" del legislador justicialista "a la Constitución nacional y a la Constitución de Catamarca, además de la comisión de una serie de delitos claramente tipificados en el Código Penal".
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