Una denuncia, presentada el miércoles último por el dueño de un desarmadero de autos de la zona sur de la ciudad, puso de relieve una vez más la oscura trama que se teje detrás del comercio de autopartes y la protección policial de la que gozan algunos locales dedicados a ese rubro. Una verdadera cadena de complicidades se eslabona en un mercado donde el robo de autos, su desguace y la venta de las partes son piezas que componen un rompecabezas fiscalizado muchas veces, pago mediante, por quienes deberían combatir el delito.
La denuncia hecha por el comerciante en la Fiscalía número 5 de los Tribunales locales indica que sobre su auto particular se montó un operativo policial con la intención de demostrar que el mismo era robado. Ocurrió en una estación de servicios de Ovidio Lagos al 3800 donde personal de la sección de Sustracción de Automotores, perteneciente a la Agrupación de Unidades Especiales, se presentó junto a un hombre que aducía que ese vehículo se lo habían robado el 7 de agosto de 2001. De nada sirvieron las explicaciones del hombre y el aporte de la documentación legal que avalaba sus dichos para terminar por más de 10 horas encerrado en una dependencia de la Jefatura.
Cuando el denunciante se abstuvo de declarar ante los policías, éstos le dijeron que lo iba a tener que hacer ante el juez de Instrucción número 3, Luis María Caterina, quien presuntamente llevaba adelante la causa por el mencionado robo. Sin embargo, para sorpresa del comerciante, cuando pudo concurrir al juzgado para averiguar el estado de esa investigación, supo que la misma no existía. Los policías le habían mentido, sin vacilar en utilizar el nombre de un juez.
Pero no terminó ahí la maniobra. Cuando el hombre quiso recuperar su vehículo, supo que el mismo "tenía algunos cortes", es decir que le faltaban partes. Y como si eso fuera poco, desde que ocurrió el episodio fue visitado por agentes policiales que le sugirieron "abonar en carácter de cuota mensual determinada suma de dinero para poder tener una continuidad laboral", según dejó asentado en la denuncia. Ese canon, según voceros judiciales, había sido establecido en 600 pesos y plantea la pregunta acerca de cuál sería la diferencia entre esa práctica y la "protección" que suelen ofrecer las organizaciones mafiosas.
"No estoy dispuesto a acceder a ningún tipo de presión económica y comercial para continuar con mi ejercicio laboral", le dijo el dueño del desarmadero al fiscal que le recibió la denuncia.
Al estilo colombiano
Allegados al mercado rosarino de los desarmaderos que accedieron a hablar con La Capital bajo estricta reserva de identidad coincidieron en comentar que en la ciudad funcionan una treintena de comercios dedicados al rubro, aunque en la Municipalidad sólo 6 de ellos están inscriptos y habilitados como tales.
"Hay dos formas de acceder a autos para su desguace y la posterior venta de sus partes", dijo uno de los entrevistados y explicó: "Una es la compra de vehículos siniestrados a particulares o compañías de seguros. Esos autos siguen un curso legal ya que los desarmaderos autorizados lo que en realidad compran es la baja de ese auto, es decir el documento legal por el cual el Registro Nacional de Propiedad Automotor saca la unidad del mercado. Por eso, es común que en esos comercios uno pueda encontrar los chasis, motores y ventanillas de los vehículos, ya que sobre esas partes están grabados los números identificatorios".
Pero por otra parte existe un mercado negro de autopartes "que es visible no sólo en los desarmaderos clandestinos que funcionan en la ciudad sino también en las llamadas boutiques donde se pueden comprar autopartes a muy bajo precio y que uno nunca sabe de dónde provienen", comentó el informante.
Los proveedores de estos últimos negocios son los levantadores de autos. Es decir los ladrones. "Allí nunca vas a encontrar autos enteros y mucho menos aquellas partes donde puedas identificar los números del auto. Además no vas a ver como se desarman los vehículos", aclararon los hombres que hablaron con este diario. "Esto es una mafia a la colombiana en la cual participan desde los ladrones que levantan autos a pedido hasta los policías que cobran en algunos casos más de mil pesos para proteger el negocio, pasando por los chaperos que mandan a sus clientes a comprar partes en esos lugares y también se llevan un porcentaje de la operación".
También los dueños de desarmaderos saben donde están sus competidores desleales. Conocen sus nombres, sus domicilios comerciales y hasta cuánto paga cada uno para recibir esa protección. Pero dicen que denunciarlos es correr riesgos personales muy grandes. "Cualquier persona de la ciudad puede descubrir quiénes son y dónde están", aseguran casi al unísono los entrevistados. "Intentá comprar un capó entero, en buen estado, y sabrás quién está en la trampa", aseguran. Y explican que ese ejemplo sirve para saber de donde proviene la parte: "Si compraste el vehículo siniestrado mediante la baja de la compañía de seguros, en un 95% el capó está destruido porque la mayoría de los choques son frontales o laterales. Si el capó está entero, empezá a dudar".
Finalmente, los desarmadores legales hablaron de los precios, "otro índice que marca la procedencia de las autopartes. Una puerta pelada -sin levantavidrios eléctrico, ni espejo retrovisor, ni tapizado- se puede conseguir en unos 200 pesos legalmente, pero baja a los 120 en un lugar trucho. Un bomba inyectora baja desde los 400 en blanco a 200 si es de un vehículo robado, una culata de un Peugeot 405 no se puede vender a menos de mil pesos, pero ellos la venden en 500", y así siguen con una lista interminable de diferencias.
La Ciudad
