El miércoles pasado un hombre de 65 años fue detenido en Villa Gobernador Gálvez, acusado de haber violado durante cinco años a dos de sus hijas. El espanto que provocaba la historia se reforzaba por el hecho de que una de las víctimas había tenido un niño producto del incesto. Lejos de ser extraordinario, el episodio se inscribió en una serie de casos de extrema violencia que se suceden en las últimas semanas con una regularidad tan intensa como, en principio, inexplicable.
Uno de los elementos comunes a los casos (ver aparte) es que las víctimas suelen ser niños. El lunes pasado, una nena de 10 años que pedía limosna en la calle, fue violada por un hombre. "Son situaciones de violencia de dos caras: de un lado la pobreza la víctima y del otro la del victimario. Cabe preguntarse si éste actúa por perversión o por pobreza material y simbólica", dice Efimia Lagiu, docente de sociología y psicología social en la Universidad Nacional de Rosario.
La nena dio una referencia significativa de su violador. "Dice que estaba limpio, que olía a perfume -recuerda Lagiu-. Pero a la vez no puede hablar con alguien de su edad y del sexo opuesto, por ejemplo para decirle «me gustás». Lo que está simbólicamente imposibilitado es la palabra, que es aquello que distingue al ser humano".
El victimario "se las arregla con alguien sobre quien puede ejercer poder porque es pobre como él, pero lo es más todavía porque está en estado de indefensión por ser mujer, menor de edad y vivir en la calle. Esto es típico de relaciones autoritarias que el victimario vive a su vez: el sistema capitalista se lo hace a él y él lo reproduce con otros que están igual o peor. Esa violencia inconsciente es el núcleo de lo autoritario".
Para Lagiu se trata de una situación que puede revertirse. "Es necesario que uno logre sentirse ciudadano, es decir sujeto de derechos y de obligaciones. A través del acto brutal, víctima y victimario se igualan en la carencia de derechos humanos fundamentales. Eso es lo que comparten, el hilo conductor de sus historias: el ultraje a sus ciudadanías de parte del sistema social vigente. No son ciudadanos: han sido despojados de esa categoría".
Una nueva mirada
Para Marisa Germain, psicóloga y docente de sociología en la Universidad Nacional de Rosario, los casos en cuestión dan cuenta de una nueva sensibilidad pública. "Habría que ver hasta dónde este tipo de hechos están ocurriendo con mayor asiduidad. Lo que sí hay es una mayor exposición pública. Estamos más sensibles a cosas que antes, probablemente, como ocurrían en el espacio de lo doméstico no podían ser objeto de escrutinio público. Ahora parece que no hay nada del orden de lo privado que no pueda ser escrutado desde lo público".
Esa nueva mirada estaría caracterizada por cierta ambivalencia y por una creciente intolerancia. "A veces pasa que un vecino denuncia el maltrato a una mujer o un chico; y la violencia doméstica tiene que ser objeto de intervención pública. Pero también aparece la intolerancia hacia otras cosas, como la vida sexual que se lleva o el tipo de sustancias que se consume". Por otra parte, en relación a la situaciones de incesto observadas en algunos casos, Germain agrega que "el establecimiento de parejas con miembros menores de edad en la familia o el matrimonio entre primos carnales no era completamente inhabitual hace 150 años. Ahora aparece del lado de lo intolerable".
En ese sentido, Lagiu sostiene que la repercusión del caso del abogado Simón Hoyos, detenido por abuso de menores en Salta, puede explicar la sucesión de denuncias similares que se presentaron a continuación. "La sociedad decidió hablar. Las violaciones, los abusos existían, pero ese episodio les dio visibilidad. En una sociedad machista como la nuestra hay grandes dificultades para encarar esta cuestión y por otro lado favorece ese tipo de relaciones".
Sociedad esquizofrénica
Para Germain lo novedoso no es el grado de violencia sino "los efectos de la desintegración social y de la descomposición de un tipo de vida que hubo durante mucho tiempo en nuestro país". En realidad, "se podría pensar esa desintegración en relación a montos de violencia porque buena parte de la función de los lazos de solidaridad moral y de integración en las instituciones sociales tienen que ver con imponer límites a tendencias que están en cualquier ser humano".
La pérdida del trabajo y la escuela "hace que las personas no puedan recrear lazos y esas normas morales que nos impiden actuar de manera aberrante, no se instauran. La única barrera social que funciona con efectividad es la autoconstricción porque la acción punitiva externa ocurre después de cometer el hecho: a priori lo que está es ese modo de actuar que uno reconoce".
Al respecto, Lagiu propone pensar "si no vivimos en una sociedad esquizofrénica, como decían a fines de los 70 Gilles Deleuze y Félix Guattari: una sociedad que es disociante de los lazos sociales, que separa en lugar de favorecer la integración y el lazo con el otro. Y esa carencia es producida por los hombres, no viene con la naturaleza".
El caso de violación en Villa Gobernador Gálvez sería un efecto de "la brutalidad de las condiciones de vida de una familia" y de reglas sociales difusas. "Ese padre abusador sólo tiene como propiedad a las hijas. En eso radica la pobreza y la violencia: al ser un desapropiado de otro bien, el único bien, como se entiende en el capitalismo, son sus hijas mujeres, a las que convierte en un medio para ofrecerse placer. Usa a las mujeres porque en términos de propiedad privada la mujer históricamente ha cumplido ese fin".
De igual manera, en el caso del hombre que terminó por matar a su hermana y su sobrina, que era a la vez su pareja, "se vuelve a repetir la historia de un hombres que, por empobrecimiento o pobreza, no puede salir a buscar una mujer: la tiene ahí y la toman como propiedad. Muchas jovencitas embarazadas dicen, sobre sus hijos, «es lo único que tengo», en términos de propiedad. Hay que escuchar eso, hay que creerlo, porque es lo único que tienen, tanto en el sentido material como en el simbólico de un proyecto de vida".
La Ciudad
