Alberto Serra
Existe consenso acerca de que la actividad hípica Argentina se encuentra en crisis y que por lo tanto algo hay que hacer para proteger al turf y las fuentes de trabajo de un millón de compatriotas que están relacionados en forma directa e indirecta a la cría, entrenamiento, competición, comercialización y exportación de los caballos pura sangre de carrera. Es que el turf es una actividad que genera enorme diversidad de puestos de trabajo. Hay más de noventa rubros, que a su vez necesitan inversiones e infraestructuras que explican la mencionada cifra, que parece exagerada pero que no lo es. Por diferentes organismos estatales se explica reiteradamente que las máquinas tragamonedas, bingos, loterías, juegos de cartas o cualquier otra actividad de juego no debería bajo ningún concepto funcionar en las agencias hípicas y los hipódromos. La razón está fundamentada en el principio económico de demanda, que se explica fácilmente pensando que quien juega a las carreras de caballos no jugará a las máquinas electrónicas. Y viceversa. Advierten que en el corto plazo eso afectará seriamente a la economía de la actividad, al desviar apuestas hacia otros juegos, agravando la crisis de financiamiento del turf y afectando la mano de obra que hoy ocupa. Esto significa que muchos de quienes están trabajando en la actividad hípica perderán inexorablemente sus puestos de trabajos. Tal es así que en Palermo estamos viendo como cada día se incrementa el lugar para estacionamiento a los aficionados a las tragamonedas en detrimento a los aficionados al turf, si se continúa a ese paso, estos últimos a corto plazo tendrán graves inconvenientes para conseguir un lugar donde estacionar. Por tal motivo, uno se pregunta... No es Palermo un hipódromo?.... o se habrá transformado en una casa de juegos?.... No es disparatado pensar que tal vez estemos asistiendo al comienzo de la desaparición de las carreras de caballos y que estos "empresarios" amplíen la instalación de las máquinas tragamonedas de las agencias a los hipódromos, transformando estos inmuebles, ubicados en lugares estratégicos de nuestras ciudades, en verdaderos Casinos Electrónicos y pasando la actividad de carreras a un segundo plano. La Argentina, durante el año 2002, fue escenario de duros enfrentamientos por este tema. Hubo decretos a nivel nacional y de algunas jurisdicciones provinciales autorizando el funcionamiento de máquinas electrónicas en las salas de bingo, fijando cánones mensuales, estableciendo sistemas de conexión "on line" para chequear la recaudación para los cánones dispuestos, etcétera. En algunos casos, se previó un porcentaje para atender la emergencia del sector hípico. Pero como todas estas legislaciones de apuro siempre dejan disconformes, el tema en varios casos entró en la órbita judicial. Distintos sectores empresarios disputan por conseguir legalizaciones para explotar actividades sin el control debido. Hubo conflictos entre la Nación y las provincias. Entretanto, con miles de máquinas instaladas, el Estado no parece recaudar como debe. Esto significa que el dinero que debería ir a cuentas transparentes para atender aspectos sociales y a la prestación de servicios esenciales, se va en la más absoluta oscuridad y descontrol a los bolsillos de quienes instalaron los tragamonedas (más conocidos en la jerga con el nombre de "slots"). El tema es simple. La improvisación siempre ha sido una costumbre en nuestro país. Y en este caso, está incentivada por la presión de quienes fabrican e instalan las tragamonedas, que disponen de valiosos argumentos para convencer a funcionarios siempre permeables a escuchar influencias convincentes.
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