El titular de la Oficina Municipal del Consumidor, Omar Raúl Bonino, podría perder su puesto. Ayer los concejales se enteraron que pesa sobre él una quiebra que lo inhabilitaría -entre otras cosas- para ejercer cargos públicos. El abogado patrocinante de la sindicatura, Juan Manuel De Iparraguirre, confirmó a La Capital que el 11 de diciembre de 2001, el juez civil y comercial de la 3ªnominación, Hernán Carrillo, firmó la sentencia por la cual dictó la quiebra del ahora funcionario. El pedido llegó luego de que el Banco Credicoop reclamara el pago de 87.000 dólares que habían sido otorgados oportunamente a la firma Gobbo y Bonino SRL, domiciliada en Necochea 1364. Los titulares de la empresa no pagaron el crédito solicitado y reclamaron a las garantías, una de las cuales era Bonino. "Formalmente, Bonino no podría ejercer un cargo público", afirmó De Iparraguirre, y agregó que "aún falta que el juez dictamine su rehabilitación". Es que la ley permite a alguien que quebró ejercer cargos públicos sólo después de que haya transcurrido un año de dictada la quiebra. El concejal usandizaguista Jorge Boasso adelantó que la cuestión será analizada hoy en el seno del bloque de Convergencia y remarcó que el presidente de la bancada, Raúl Milano, planteará la cuestión en la próxima reunión de Labor Parlamentaria del Concejo. "Si sobre este funcionario pesa una quiebra, tiene que ser removido del cargo", dijo Boasso antes de apuntar que "en realidad nunca debería haber asumido".
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