Marcela Isaías / La Capital
El 14 de abril se cumplirán diez años de la sanción de la ley federal de educación. El aniversario se dará en medio de un país fragmentado por las distintas formas de implementación de la reforma en cada provincia, los históricos reclamos docentes por el salario sin una solución ni cierta ni definitiva y también a pocas semanas de las elecciones presidenciales.
La promulgación de una ley que diera el marco general para organizar la oferta educativa del país, que a partir de ella se clarificara qué cosa enseñar y cómo aprender en las aulas -en todos sus niveles- y la extensión de la obligatoriedad a diez años son algunos de los logros que la ex ministra de Educación nacional Susana Decibe rescata de tal reforma. Sin embargo, quien ahora preside la Fundación Gestar, milita la propuesta del candidato a presidente Néstor Kirchner y no dice ni sí ni no cuando se le pregunta si volvería a estar al frente de la cartera educativa, asegura que el mayor fracaso del proyecto estuvo en el desfinanciamiento de la educación y en la imposibilidad de convertirlo en un sistema sustentable.
Es que, según consideró, "nadie quiere meterse en serio con la educación". Entre otras consideraciones, Decibe no titubeó al advertir que "a (Carlos) Menem hay que superarlo" y que justamente ella se alejó de su gobierno "porque él -Menem - le daba al sistema financiero todas las garantías de «salud» que le negaba a la educación".
Para la ex ministra -estuvo en la cartera entre 1996 y 1999- la ley fue trascendente porque organizó toda la oferta educativa desde el inicio hasta el final. "Es la primera vez que tenemos una continuidad que tiene que ver con lo que se enseña, graduado en el tiempo", dice. De todas maneras, para ella todavía se está lejos de una aplicación plena de este cambio, "como lo estaría -agrega - en cualquier país que se dijera serio aplicando una reforma de semejante dimensión".
La reforma educativa fue sancionada el 14 de abril de 1993, cuando Jorge Rodríguez era ministro nacional. Sin embargo, la cara visible de la llamada transformación educativa fue Susana Decibe. En su gestión, y desde que ella era secretaria de Programación y Evaluación educativa del ministerio de Rodríguez, se encararon los acuerdos y decisiones macro de la ley federal, ya que la implementación corrió por cuenta de cada provincia.
De todas formas, la ex funcionaria afirmó que es necesario "alcanzar estabilidad en las formas de aportar recursos al sistema educativo, lograr la sustentabilidad del financiamiento básico de la educación, cosa que en este país todavía no existe". En su opinión, esto ocurre porque "el tema educativo se cayó de la agenda de las políticas públicas"; por eso como segundo punto considera que "para aplicar esas políticas en las provincias el ministerio nacional debiera poner toda su capacidad técnica" para cooperar y seguir de cerca lo que se hace en cada uno de los distritos, y, a su vez, "que cada provincia valorice a la educación como una política para conseguir una mejora real de la calidad de vida".
-¿En esto que señala estarían las debilidades más claras de la reforma?
-La debilidad mayor es que, justamente, no logra convertirse en una política de Estado en la que sea considerada como una herramienta de crecimiento. Le falta encarnizarse en todos los sectores. Es más, no sé cuántos gobernadores, e incluso funcionarios nacionales que trabajaban por la década de los 90 (en pleno desarrollo de la ley), conocían que la reforma incluía un perfil nuevo de formación de los chicos u otros contenidos de la enseñanza. Algunos creían que se trataba sólo de un cambio de estructura.
-¿Esto no tiene más que ver con la idiosincrasia de la dirigencia política, que reparte los cargos por amiguismo?
-En nuestro país tenemos un problema grave y es la falta de respeto a la especificidad, aquí cualquiera puede hacer cualquier cosa y cualquiera puede hablar de cualquier cosa. En estos momentos, por ejemplo, el perfil general de los ministros de Educación en las provincias es el de contadores, que se dedican a hacer recortes.
-¿Qué papel jugó el gobierno de la Alianza en la continuidad y aplicación de la reforma?
-La Alianza le hizo un daño importante a la reforma: la rechazó públicamente cuando su campaña política incluía sostener la Carpa Blanca. Allí estaban todos indiscriminadamente contra la ley, cuando en realidad muchos gobernadores del radicalismo y funcionarios del Frepaso, como también sus equipos técnicos, acordaban con los contenidos de la ley. Lo que todos podíamos coincidir es que en el país no había -ni hay- una política salarial coherente, y ese era para mí el verdadero reclamo de la Carpa. La Alianza no discriminó en eso, y entonces cuando llegó al gobierno y al ministerio, como no podía ponerse ni a favor ni en contra de la ley, no hizo nada. Ojalá hubiera estado en contra y presentado una propuesta alternativa, pero ni siquiera la tenía. Sólo se dedicó a transformar al Ministerio de Educación nacional en un sinnúmero de programitas que nada tenían que ver con las políticas sustantivas que se llevaban adelante. Ese quiebre hizo mucho daño, y luego la crisis económica terminó por desfinanciar el sector.
-¿Volvería a ser ministra?
-Más que ser ministra me interesa que el próximo presidente, y ojalá sea (Néstor) Kirchner, tome a la educación como una política estratégica de crecimiento. Estaría feliz con eso, porque la verdad es que me muero de frustración como docente en un modelo que no tome a la educación como prioridad de desarrollo humano y posibilidad de quiebre del círculo de la pobreza. Eso debe ser comprendido por la dirigencia política.
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