-La provincia de Santa Fe es una de las pocas que ha seguido un cronograma de aplicación de la reforma, incluso este año se concluirá con la aplicación del polimodal. ¿Qué evaluación hace al respecto?
-Primero me interesa saber qué están enseñando en lo que se llama polimodal. Eso es lo que hay que ver para evaluar la reforma: qué pasa en las aulas. Ojalá en Santa Fe todo vaya bárbaro, pero tomarse en serio una reforma es ver qué es lo que se está enseñando en las escuelas y qué es lo que aprenden los chicos .
-¿Cuáles son los cambios que considera indispensables hoy para la escuela?
-Para estos años que vienen lo que hay que hacer es pensar modelos alternativos de gestión de lo público y esto no quiere decir que dejen de ser escuelas públicas. Digo exactamente lo contrario: tienen que ser públicas las escuelas de gestión privada, porque la educación es un servicio público, y tienen que ser públicas las escuelas de gestión estatal.
-¿Esto implica volver a pensar qué es lo público?
-Sí, se trata de reconceptualizar qué es lo público y cómo eso está en función de la sociedad. No hay una organización más desprovista de posibilidades de éxito que la escuela estatal: el cuerpo directivo no se elige de acuerdo a la gestión, no tiene poder sobre ninguno de los recursos con que trabaja. Si nosotros no revemos esto, sin prejuicios ni falsas ideologías, diciendo qué necesitamos de la escuela y cómo le generamos las posibilidades para que esto sea posible, no vamos a salir del problema.
-¿Por dónde hay que comenzar?
-Deberíamos empezar por permitirnos poner en situación de excepcionalidad a las escuelas que atienden a las poblaciones más necesitadas. Esto implica congelar las regulaciones administrativas y laborales que las rigen y probar diferentes alternativas de gestión que permitan poner los mejores recursos a disposición de ellas. Claro que esto es ante todo una guerra ideológica, porque si digo que necesito, al menos para estas escuelas, desbloquear todo lo que sean regulaciones laborales vigentes, el gremio podría llegar a lanzar una guerra santa. Pero esto es necesario hacerlo entender a la sociedad, porque ahora el sentido de la justicia social está totalmente invertido: los docentes menos experimentados, la falta de equipamiento y la infraestructura más precaria está en las escuelas de los más necesitados; no es posible -por ejemplo- que de acuerdo a este régimen laboral no exista la posibilidad de separar a un docente de su cargo por mal desempeño. La cosa debe pensarse al revés: demostrar que la educación como política de Estado puede cambiar la historia, de lo contrario nos morimos ahogados llorando año tras año por la pobreza de las escuelas y nadie se permite romper con esa inercia. No hablo sólo del gremio, sino también de los gobiernos, porque la verdad es que nadie quiere meterse en serio con la educación, y lo que hace falta es emprender una reingeniería que dé vuelta la historia, que empiece por las escuelas más pobres.
-¿Por qué cree que esta decisión política no se toma?
-Porque se juzga desde el costo político enorme que implica. Los bien intencionados, que creen que la educación puede cambiar algo, consideran que es una batalla perdida porque este espacio está copado por los intereses sindicales; los que ni siquiera tienen este interés ven a la educación como un servicio social más que tratan de prestar para no tener un problema político; lo que no se hace es tomarla como un instrumento de progreso social. La educación debe ser entendida como una política de crecimiento y de desarrollo humano, no como una política social asistencialista.
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La Ciudad
