Un fallo contra la pesificación de los créditos originalmente pautados en dólares sumó ayer un nuevo motivo de incertidumbre para los deudores, que ya habían percibido con alarma el dictamen de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el artículo del decreto 214/02 de pesificación de depósitos.
Fuentes tribunalicias informaron que la jurisprudencia del fallo de la Corte sobre el depósito de la provincia de San Luis podría generalizarse antes de fin de mes. Dentro de ese plazo el máximo tribunal se expediría en la causa Beratz, el caso testigo para los ahorristas.
Aunque la causa tomó estado público recién ayer, el titular del juzgado civil 50 de Buenos Aires, Gerardo Nani, falló el 14 de febrero contra la pesificación de un crédito, en el marco de un juicio en el que una deudora pretendía cancelar un préstamo hipotecario privado con anterioridad a su vencimiento, a la paridad uno a uno.
En su fallo, el juez señaló que "el artículo 11 de la ley de emergencia económica y el artículo primero del decreto 214/02 alteran en forma retroactiva lo convenido entre las partes, licúan el crédito del acreedor, lo obligan a aceptar una moneda envilecida, conculcan el principio de igualdad consagrado por el artículo 16 de la Constitución, y derogan de facto la irretroactividad de las leyes".
La demanda sobre la que falló Nani se originó en un préstamo que Cristina Loquercio recibió del abogado Pablo Gaido por la suma de 5.700 dólares, con una tasa del 18% anual, pagadero en 24 cuotas.
La fecha de vencimiento del "mutuo hipotecario" era el 20 de julio de este año, pero Loquercio quiso ponerle fin el 19 de febrero de 2002, que la deudora pretendió cancelar con la paridad un peso, un dólar.
La medida se conoció 48 horas después de que la Corte decidiera la redolarización del depósito de la provincia de San Luis ante el Banco Nación, hecho que desató el temor de los deudores respecto de que la medida pueda ampliarse también a los créditos pesificados. De todos modos, el presidente del tribunal, Julio Nazareno, aclaró que no existe tal posibilidad.
Al arribar ayer al Palacio de Justicia, Nazareno intentó calmar los ánimos y aconsejó a los deudores, tanto de préstamos bancarios como privados, "seguir pagando uno a uno, porque la Corte no dijo nada sobre eso".
Voceros tribunalicios señalaron que la Corte resolverá antes de fin de mes el caso testigo de la pesificación de depósitos de particulares -motorizado por la ahorrista Mirta Beratz- aunque descartaron que el fallo se vaya a producir en el acuerdo ordinario del martes próximo, a raíz de la ausencia de uno de los ministros.
En su pronunciamiento del miércoles último, el Tribunal fijó su criterio al declarar inconstitucional el artículo segundo del decreto de pesificación, en la causa abierta por el gobierno puntano. Pero ahora es el turno de que se expida sobre el "caso Beratz", infinitamente más representativo del común de los depositantes de lo que lo fue la provincia de San Luis, por tratarse el suyo de un monto pequeño (13 mil dólares), y de un contrato privado con un banco no oficial, el BankBoston.
La mujer cobró su depósito en julio de 2002, ya que el banco optó por no seguir con la apelación, pero el expediente siguió su curso porque el Estado lo impulsó, deseoso de no consentir un fallo contrario a una norma emanada del Ejecutivo.
Las diferencias entre San Luis y Mirta Beratz permiten suponer que el fallo de la Corte Suprema no será idéntico, aunque sí es improbable que se desdiga del corazón de su último dictamen: que la pesificación de depósitos es inconstitucional. Sobre esa base, una de las alternativas que se barajan en el alto tribunal consiste en indicarle al juez de primera instancia la conveniencia de que abra un período de negociación entre las partes.
En caso de que no resultara fructífero, el magistrado tendría la posibilidad de sugerir planes de pago en 12, 24 ó 36 meses, con un interés diferente según el lapso escogido, pero esa no sería la última alternativa, ya que si no hubiese acuerdo, el juez deberá tomar una decisión final "per se", que podrá ser recurrida ante la Cámara de Apelaciones, y más tarde en la Corte.
Así, si se mantienen los plazos que rigen hasta ahora, el tema se terminará de resolver después de las elecciones del 27 de abril próximo, y de ese modo el gobierno podría quedar eximido de pilotear la negociación de las compensaciones al sistema financiero.
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La Ciudad
