La causa contra Al Kassar se inició en mayo de 1992, cuando el entonces fiscal de la Cámara Federal y actual juez Gustavo Hornos denunció irregularidades en la tramitación y obtención de la ciudadanía argentina y documentación personal del sirio. En su momento, al declarar por escrito como testigo, el entonces presidente Carlos Menem negó haber dado órdenes para favorecer a Al Kassar, en tanto que su ex secretaria de Audiencias, Amira Yoma, admitió haber acompañado al sirio, pero aseguró que no lo hizo como funcionaria sino a título personal.
De acuerdo a constancias de la causa brindadas por Interpol, Al Kassar había sido detenido en 20 de octubre de 1974 en Londres por supuesta posesión de droga y condenado a ocho años de prisión por la Corte Suprema de París, en junio de 1986, por "pertenecer a una organización criminal y tenencia ilegal de armas". Por este motivo nunca podría haber sido aceptada su pedido de ciudadanía, ya que un decreto presidencial de 1987 había establecido que para que lo extranjeros sean admitidos no deben registrar penas superiores a los dos años o antecedentes que hagan presumir que podría comprometer la seguridad o el orden público o la paz social.
Como la causa penal a cargo de Ballestero se tramitó por el "viejo" Código Procesal Penal, el llamado a indagatoria de Al Kassar y de los otros imputados significó su procesamiento y más tarde su prisión preventiva, aunque fue excarcelado bajo fianza. A pedido de los tribunales nacionales, la Justicia de España concedió la extradición del sirio, pero condicionó el traslado a que sea juzgado solo por el delito de falsificación de documentos destinados a acreditar la residencia e identidad de personas, pero no por su uso. (Télam)
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