La Fiscalía Federal Nº 2 dictaminó que el procesado traficante de armas sirio Monser Al Kassar debe ser condenado a seis años de prisión efectiva por falsificación de los documentos que le permitieron obtener la ciudadanía argentina en 24 horas. Los fiscales Carlos Rivolo y Claudio Navas Rial también dictaminaron que, por iguales cargos, el ex director nacional de Migraciones, el ex capitán de fragata Aurelio Carlos Martínez, conocido por su apodo de "Zaza", debe ser condenado a cuatro de prisión de cumplimiento efectivo. Asimismo, consideraron que el ciudadano sirio Abdon Al Adur es pasible de ser condenado a cuatro años de prisión efectiva, mientras que al ex funcionario de migraciones Jorge Ignacio Bunge le cabe una pena de tres años de prisión excarcelable. En esta causa declararon Carlos Menem y su ex cuñada y secretaria de Audiencias, Amira Yoma. Pero mientras el primero desmintió a Al Kassar, quien había dicho que el ex presidente ordenó que le dieran un documento, la ex secretaria de Audiencias admitió haber acompañado al sirio a esos efectos en la Dirección de Migraciones. El 7 de febrero de 1990 la Dirección de Migraciones le dio el certificado de residencia permanente a Al Kassar y su esposa, Ragdha Habbal, más los tres hijos del matrimonio, todos los cuales en verdad vivían en la ciudad de Marbella, España. Martínez aseguró al declarar ante el juez federal Jorge Ballestero, que lleva adelante la investigación con el Código Procesal anterior, haber recibido llamados telefónicos y visitas de Amira Yoma, interesada ella porque ese documento se le otorgara en 24 horas en razón de que el sirio debía volver a España. Para los fiscales Rivolo y Navas Rial, el traficante sirio "hizo insertar declaraciones falsas en un instrumento publico concerniente a un hecho que el documento público debía probar" y, por lo tanto, le endilgaron el presunto delito de falsedad ideológica de documento público, castigado con penas de uno a seis años de prisión. Sobre Martínez consideraron que el entonces funcionario "debía hacer cumplir las normas vigentes", sobre imposibilidad de dar la residencia a quienes tuvieran antecedentes judiciales "pesados" y le achacaron haber suplido ese requerimiento con una declaración jurada de Al Kassar. El meteórico trámite de nacionalidad argentina de Al Kassar duró apenas un día y ocurrió el 7 de abril de 1992 en el Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza, por entonces a cargo del juez Gerardo Rodríguez, pero años después la Dirección de Migraciones lo declaró nulo. El juez Ballestero procesó con prisión preventiva a Al Kassar, aunque a la vez le otorgó la eximición de prisión y dictó un embargo en su contra de 100 mil pesos sobre los bienes del sirio, que llegó a obtener el DNI, cédula de identidad y pasaporte argentinos, todos ellos obtenidos con documentación falsa, según consta en el expediente. (DyN)
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