La primera jornada de protesta instrumentada por la cadena agroalimentaria redujo a su mínima expresión la operatoria del mercado disponible de granos, en el que sólo se cerraron algunos negocios pactados con anterioridad. Los mercados a término estuvieron formalmente abiertos pero el volumen negociado también bajó. El inédito paro lanzado por 26 entidades del sector contra la política tributaria recibió el respaldo del gobernador Carlos Reutemann, que instó al gobierno nacional a "dejar de meter la mano en el bolsillo de los productores". El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, rechazó el reclamo agropecuario y ratificó la política impositiva oficial.
La medida que se extenderá hasta el viernes próximo es la primera que nuclea a todas las entidades vinculadas al complejo agropecuario, desde la provisión de insumos y la producción hasta el acopio, la exportación y la industria, con el respaldo además de los mercados institucionales. Consiste exclusivamente en la paralización de los negocios de compra y venta de granos y se produce en rechazo a la batería de medidas tributarias dispuestas por el gobierno que incluyen la rebaja diferencial del IVA, el pago del impuesto a las ganancias sobe utilidades "ficticias" y la eliminación de los planes de competitividad.
El arrastre de los negocios previos y los plazos con los que opera el sector, que se pactan a 72 horas, impidieron que el lock out se sintiera con toda la fuerza en el mercado cambiario. Aunque el dólar repuntó unos centavos, el alza se debió más a la expectativa de lo que puede pasar desde mediados de semana (cuando se terminen de liquidar operaciones previas) y a las especulaciones sobre el fallo de la Corte Suprema respecto de la redolarización de depósitos.
De todos modos, los exportadores de cereales especularon que la medida de fuerza de cinco días significará que se postergará la liquidación de 230 millones de dólares. La protesta tuvo su impacto también en el mercado de Chicago, donde la mayoría de los contratos de futuros de soja cerraron en alza, apuntalados por la incertidumbre en Argentina.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Manuel Cabanellas, aseguró que la medida intenta convertirse en un "llamado de atención" al gobierno frente a la "tozudez y la soberbia" con la que encara su política tributaria.
La medida obtuvo una explícita adhesión del gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, quien cuestionó la política agrícola del gobierno nacional y pidió no "seguir metiéndole la mano en los bolsillos a los productores".
"Los márgenes que les fueron sacando a los productores o los costos son totalmente diferentes a lo que fue el inicio del 2002", señaló el gobernador en Rosario.
Desde la vereda de enfrente, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, ratificó la política tributaria al asegurar que el campo está "pasando por un buen momento", por ser uno de los sectores más beneficiados tras la salida de la convertibilidad.
Atanasof dijo que el diálogo con el agro no se cortó y que "cuando las cosas mejoren, seguramente disminuirá la presión impositiva" que pesa sobre el sector.
El campo pone "límites"
El presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, señaló que que el campo "está aportando cerca de 10 mil millones de pesos" al fisco y advirtió que "todo tiene un límite". El dirigente federado dijo que el efecto de la no liquidación de divisas por parte de los exportadores se verá con el "correr de los días" pero al mismo tiempo aclaró que la entidad que conduce "nada tiene que ver con algún oportunismo especulativo" que apunte a "provocar el aumento del dólar o alterar el abastecimiento de productos".
Gustavo Grobocopatel, titular de Los Grobo, una de las empresas agropecuarias más importantes del país, rechazó la interpretación de que el sector fue el más beneficiado por la devaluación. "La pesificación asimétrica y la devaluación produjo una mejora patrimonial en el sector agropecuario porque licuó las deudas pero no es una ventaja operativa, los insumos siguen valiendo dólares y la relación insumo-producto se ha deteriorado".
Cabanellas, de CRA, agregó que "la realidad es que la pesificación y la devaluación no la hizo el gobierno para dar una ventaja al campo sino para licuar los pasivos de empresas que son muy superiores a los intereses del campo".
Línea de diálogo
Al margen de las retenciones, la cadena agroalimentaria se puso en alerta en el último trimestre del año pasado frente a la ofensiva fiscal del gobierno que incluye: \* Rebaja diferencial del IVA al 10,5% y cambios en el sistema de retención del impuesto. La medida provoca la acumulación de créditos fiscales de dudoso cobro por parte de los productores.
* Ganancias ficticias. La negativa oficial a aplicar un ajuste por inflación obliga a las empresas del sector a pagar impuesto a las ganancias sobre activos sobrevaluados por el cambio de política económica, aun cuando no haya movimiento comercial de por medio.
* Reformas al ITC. La alícuota móvil del impuesto a los combustibles encarece uno de los insumos más críticos para el sector, como es el gasoil.
* Eliminación de los planes de competitividad.
En una solicitada publicada la semana pasada, 26 entidades vinculadas al sector agropecuario advirtieron que la presión fiscal del gobierno "ahogará" la reactivación del interior.
Atanasof, reconoció ayer que la emergencia obliga al gobierno a echar mano de los recursos de la exportación pero aclaró que el campo fue uno de los más beneficiados por la devaluación.
A pesar de que deslizó la posibilidad de que se produzca un "acercamiento" con los dirigentes de la comercialización granaria, se mostró desafiante: "Afortunadamente, los productores no son los únicos exportadores de Argentina".
La Ciudad
