La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que impone una multa del 4 por ciento a los cheques rechazados por falta de fondos, cuya recaudación estará destinada a financiar planes oficiales orientados a personas con capacidades diferentes. La iniciativa de José Vitar (ARI) y Silvia Martínez (PJ) establece que el librador del cheque tendrá 30 días para regularizar la situación, y si no lo hace se le cerrará la cuenta corriente. La multa se podrá reducir en un 50%, si la deuda se cancela dentro de los 30 días del rechazo.
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