En una inusual sesión de día sábado, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado ayer el proyecto de reforma del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC), y dio así un nuevo paso para que el gobierno logre la sanción del paquete impositivo acordado en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Poder Ejecutivo necesita tener aprobado antes de la segunda quincena de marzo -cuando comienza la segunda revisión de los compromisos asumidos por la Argentina- un conjunto de iniciativas impositivas con las cuales busca mejorar en unos 700 millones la recaudación pautada en el presupuesto 2003.
La sanción de la reforma al ITC es un avance sustancial en ese sentido, ya que se trata de uno de los proyectos centrales del paquete tributario, que en caso de aprobarse permitirá que cualquier cambio en el precio de las naftas impacte favorablemente en las arcas públicas.
El oficialismo logró aprobar el proyecto que convierte la tasa fija del ITC en un índice porcentual, en un día atípico de sesión, porque llegó a un acuerdo con la UCR a cambio del rechazo al veto del artículo 68 del presupuesto que impedía un paquete de obras públicas en las provincias.
Ahora, el gobierno aguarda que el próximo jueves pueda ser convertida en ley por el Senado, ya que, en principio, los legisladores de la Cámara alta habían anticipado su respaldo sin cambios a esta propuesta del Ejecutivo.
También los senadores deberán expedirse sobre el dictamen votado ayer por los diputados con dos tercios, por el cual se insiste en el polémico artículo 68.
Las provincias recuperaron fondos para obras públicas por unos 260 millones de pesos, que consiguieron al desviar en el presupuesto el 15 por ciento de una partida denominada "servicios no personales", que se usa tanto para el pago de consultoras privadas como para mantenimiento edilicio.
Lo diputados precisaron que esos recursos deben repartirse ahora de la siguiente manera: 91 por ciento para la dirección de Vialidad y el resto para la subsecretaría de Recursos Hídricos y los entes a su cargo. El rechazo al veto se impuso hoy por 145 votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra.
El nuevo cálculo del ITC
La carga impositiva de los combustibles representa actualmente 0,53 centavos del precio del litro de nafta, tomado del valor de las refinerías y 0,15 centavos del gasoil y el kerosene.
Al transformarse en una alícuota, el monto se convertirá en el 64 por ciento de las naftas, el 22 por ciento para el gasoil y el kerosene y 16 por ciento para el GNC.
Un cambio significativo es que se unifica la base imponible que establecerá en el precio de venta a revendedores (planta de despacho), con lo cual se podrán evitar posibles maniobras de evasión fiscal.
En todos los casos, el porcentaje que se aplicará no variará los montos que hoy se perciben por este impuesto ya que se considera que mantiene la misma ecuación fiscal, aunque esto se puede alterar si aumenta el precio de los combustibles.
Pero el beneficio de una suba de la recaudación no sólo beneficiará al gobierno central sino también a los mandatarios provinciales, ya que se trata de un impuesto coparticipable y con destinos fijos para jubilados, para vivienda, obras de infraestructura, y al fondo para combustibles.
Además, los diputados eliminaron la facultad que tenía el gobierno para aumentar en un futuro en un 25% la alícuota del impuesto, y sólo otorgaron atribuciones al Poder Ejecutivo para poder bajar ese índice en un 10%.
Como vocero del oficialismo, el presidente de la comisión de Presupuesto, el justicialista Carlos Snopek rechazó nuevas modificaciones y mantuvo un artículo que impide al Poder Ejecutivo elevar el porcentaje sin una ratificación legislativa.
La iniciativa había comenzado a tratarse el miércoles pasado, pero el encuentro quedó sin quórum y el presidente de la cámara, Eduardo Camaño, resolvió, en un acontecimiento poco común, continuarla el sábado, para aprovechar que los legisladores debían asistir a la ceremonia de inauguración de las sesiones ordinarias..
Las dudas planteadas en torno a la propuesta apuntaron al impacto que podría tener la modificación frente a una escalada internacional del precio del crudo. Desde el propio justicialismo, el diputado Arturo Lafalla, aseguró que el cambio iba a provocar un efecto multiplicador en el precio de las naftas cuando se desatara la invasión a Irak. Snopek contestó que el gobierno tenía la facultad de bajar el porcentaje si su valor ascendía y que la incidencia en el costo final sería nula.
Las leyes que están pendientes
La Cámara de Diputados tiene pendiente la aprobación de otras tres iniciativas: la eliminación de las exenciones del impuesto a las ganancias sobre los reintegros a las exportaciones y reembolsos, el fin de los planes de competividad, y la rebaja de la alícuota de Ganancias del 35 al 30 por ciento.
El proyecto sobre pago de Ganancias a la devolución de impuestos fue votado por Diputados a fines de 2002, pero el Senado introdujo cambios para que esa medida impositiva sólo rija hasta el 31 de diciembre.
Sobre este punto la comisión de Presupuesto y Hacienda aceptó las modificaciones del Senado, pero ante la negativa de ayer de la UCR -que rechaza esta propuesta oficial- se decidió esperar hasta que el dictamen cumpla con los plazos legales para habilitar su tratamiento en el recinto.
En tanto, los diputados aún no se expidieron sobre los cambios introducidos por el Senado al proyecto para eliminar los 45 planes de competividad firmados entre el ex ministro Domingo Cavallo y las empresas, por el cual se otorgaban diferentes beneficios impositivos a cada actividad.
El Senado estableció la caducidad de todos los convenios y otorgó una facultad por 180 días al gobierno para restituir algunos beneficios impositivos para el agro, el transporte y los medios de comunicación.
Por otra parte, la Cámara de Diputados tiene pendiente el análisis de una iniciativa para bajar del 35 al 30 por ciento la alícuota del impuesto a las ganancias, que se planteará como compensación de la prohibición de calcular el ajuste por inflación en los balances. De todos modos, las diferencias que existen en la materia y el fuerte rechazo de los sectores de la cadena de comercialización agropecuaria, que mañana lanzarán un lock out patronal de cinco días, ponen en duda que pueda ser debatido antes de la revisión de marzo del acuerdo con el FMI.
La Ciudad
