Desde que los jueces federales Gabriel Cavallo y Claudio Bonadío declararan inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final en distintos fallos, la Corte Suprema de Justicia debe un pronunciamiento en ese sentido. Pero un matutino porteño desató la indignación de los organismos de derechos humanos: el ministro de la Corte Adolfo Vázquez le habría prometido al obispo castrense Antonio Juan Baseotto que el máximo tribunal de Justicia de la Nación ratificará ambas leyes.
Según publicó el diario La Nación en su edición de ayer, monseñor Baseotto había pedido formalmente una reunión con los integrantes de la Corte, luego de que sus fieles expresaran su "inquietud" por la falta de definiciones en varios expedientes vinculados con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Siempre de acuerdo con lo que destaca el matutino, el ministro Vázquez le habría respondido al obispo castrense: "Quédese tranquilo, el fallo vamos a sacarlo cuanto antes. Esta Corte ya tiene dicho que esas leyes son constitucionales".
La reacción fue inmediata: organismos de derechos humanos anunciaron ayer que el próximo lunes recusarán a Vázquez para que se abstenga de intervenir en la sentencia que confirmará o revocará la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
"Repudiamos el desempeño abiertamente ilegal del ministro Vázquez, quien le adelantó al obispo castrense, monseñor Antonio Juan Baseotto, el fallo que adoptaría el máximo tribunal con respecto a las leyes de obediencia debida y punto final, asegurándole que serán declaradas válidas antes de las próximas elecciones presidenciales", consignó un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
También aseguran que "el hecho constituye una violación flagrante de las normas procesales, en tanto los jueces no pueden manifestar por adelantado las decisiones que adoptarán en sus fallos. Conceder audiencia a sectores interesados ajenos a la causa implica el sometimiento del cuerpo a un acto de presión política".
Por su parte el abogado Eduardo Barcesat, representante de Federico Gómez Miranda -hijo de un empresario desaparecido durante la última dictadura militar- ya elaboró el escrito mediante el cual pedirá el apartamiento del juez Vázquez.
El juez "se habría comprometido no sólo al dictado inminente del fallo sino que adelantó su contenido a favor de la constitucionalidad de las leyes", se quejó Barcesat, quien dijo que pedirá que un conjuez reemplace a Vázquez en los acuerdos destinados a definir la vigencia de las leyes de impunidad.
Críticas del socialismo
El Partido Socialista también se sumó a los cuestionamientos al condenar la "injustificable intromisión" del vicario castrense. El secretario general adjunto del socialismo, diputado nacional Oscar González, deploró que "una autoridad de la Iglesia, empleado a sueldo del erario nacional y cuya misión debiera ser la de pastor de almas castrenses, utilice su autoridad para traficar influencias ante los jueces".
"No tiene justificación que se pretenda influir en las determinaciones de la Justicia, como lo intenta monseñor Baseotto, y queremos creer que su deplorable intrusión no expresa la voluntad de la Iglesia argentina, que ha dado muestras de arrepentimiento por la acción de algunos de sus miembros en el pasado", señaló González.
Por su parte el titular del bloque socialista en la Cámara baja, el diputado Jorge Rivas, sostuvo que "el obispo castrense no sólo deja en evidencia su poco respeto por las instituciones de la República sino que, además, intenta sostener la impunidad de los aberrantes crímenes cometidos por la última dictadura militar".
"Mientras la sociedad reclama justicia en todos los órdenes, quienes son los máximos responsables de administrarla se encargan de hacer exactamente lo contrario", apuntó Rivas.
Jueces de primera instancia decretaron la nulidad de las normas del perdón para avanzar en procesos penales contra ex represores de la última dictadura, y la Cámara Federal confirmó cada una de esas resoluciones, enmarcadas en causas diferentes.
Las leyes fueron declaradas inconstitucionales el 6 de marzo de 2001 por el juez Cavallo en una causa en la que dos ex policías fueron procesados por la desaparición de un matrimonio y la sustracción de su hija Claudia Poblete.
El fallo fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal, que más tarde también ratificó otros dos fallos que dictó el juez Bonadío en el mismo sentido.
El procurador general, Nicolás Becerra, dictaminó luego en favor de la nulidad de la normativa y ahora la Corte debe dar la palabra final sobre las leyes de obediencia debida y punto final, que exculparon a ex miembros del aparato represivo acusados de crímenes de lesa humanidad.
La Ciudad
