Antes de conocerse la realización del aborto, el gobierno de Enrique Bolaños había asegurado que no tomaría "ninguna represalia legal contra los padres" de la niña si decidan someterla a un aborto, afirmó ayer el portavoz presidencial de Nicaragua, Joel Gutiérrez. El funcionario negó que instituciones del Estado nicaragüense le hayan "cerrado las puertas" a la menor impidiendo su acceso a hospitales públicos para ser sometida a una interrupción del riesgoso embarazo. "Ellos no tienen absolutamente nada que temer, el gobierno no tomará ninguna represalia y respetará la decisión que la familia tome" sobre el futuro de la niña, aseveró el vocero de Bolaños. Gutiérrez se refirió así a una carta que los padres de la pequeña enviaron al presidente, en la que dijeron sentirse "amenazados y acorralados" por el Ministerio de la Familia, que reclamó la tutela legal de la nena y pidió ordenar restricción migratoria, lo cual fue rechazado por la Fiscalía. La misma institución se reservó el derecho de entablar una demanda legal contra los progenitores de la niña y contra los organismos de mujeres y de derechos humanos que los han respaldado en su posición a favor de una interrupción del proceso de gestación.
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La Ciudad
