Caracas. - El jefe de la cúpula empresarial de Venezuela Carlos Fernández fue detenido tras una orden de arresto que también afecta al máximo líder sindical Carlos Ortega, en una ofensiva lanzada por la Justicia venezolana por orden de la Fiscalía General, contra los líderes del paro de 63 días que buscó la renuncia del presidente Hugo Chávez. Además, habría otras 23 órdenes de captura listas a ser ejecutadas, muchas de ellas contra directivos de medios de comunicación, según la oposición organizada en la Coordinadora Democrática. La ofensiva judicial se lanzó 48 horas después de que se lograra la firma del primer acuerdo en la mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno que preside la OEA. También fue precedida por el secuestro, tortura y asesinato de tres militares opositores.
La medida impuesta por el juez de control Maikel José Moreno, por solicitud de la Fiscalía General, se avizora como detonante de nuevas protestas opositoras y huelgas, que ya tuvieron su primer esbozo ayer.
La presidenta suplente de la cúpula empresarial Fedecámaras, Alvis Muñoz, que calificó la detención de Fernández de "secuestro", llamó a la población a estar alerta. La detención de Fernández ocurrió en la noche del miércoles en un restaurante y los hombres de la policía política se habrían presentado sin orden judicial y lanzando disparos al aire para amedrentar a los custodios del empresario.
"Si el presidente Carlos Fernández es responsable por haber estado en el paro nos deberán llevar a la cárcel entonces a todos los venezolanos, a todos los empresarios, a todos los trabajadores y a todo ese pueblo que salió a marchar y a protestar", dijo Muñoz a la televisora Globovisión.
"En el día de ayer el tribunal tomó la decisión de dictarle medida privativa de libertad a Carlos Fernández y Carlos Ortega por los delitos de rebelión, traición a la patria, instigación a delinquir, agavillamiento y devastación", detalló por su parte el juez.
El paro general generó, según el gobierno, 4.000 millones de dólares en pérdidas a Venezuela sólo por el colapso de la industria petrolera, principal fuente de divisas del país. Fernández y Ortega fueron la cabeza visible del paro opositor que se desató entre el 2 de diciembre del 2002 hasta el pasado 2 de febrero. La detención coincide con la suspensión por una semana de las reuniones de la mesa de negociación y acuerdo que facilita el secretario general de la OEA, César Gaviria y tras dos días de la firma de un acuerdo contra la violencia por ambas partes. Gaviria llamó ayer al gobierno a respetar los derechos constitucionales de Fernández.
El juez Moreno confirmó que ordenó también la captura de Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), quien aún no ha sido detenido. Este se declaró en la clandestinidad y la CTV denunció "persecución" en su contra. Ortega declaró a la televisión que no se entregará a las autoridades porque en el país no "hay estado de derecho. No tengo planteado entregarme a organismo de seguridad alguno ni presentarme a un tribunal, aquí no hay garantía para nada aquí no hay estado de derecho, aquí el derecho lo ejerce el amo, el dueño del país, todopoderoso, quien utilizando a la justicia venezolana pretende arremeter a cada uno de nosotros", dijo Ortega telefónicamente a la televisión.
Habría 23 órdenes más
Alfredo Ramos, dirigente de la CTV, alertó que la lista de personas que serán detenidas por la realización del paro nacional llega a 25. Ramos confirmó que el líder de la central obrera, Carlos Ortega, está siendo solicitado por los cuerpos de seguridad y no descartó que también sea detenido el dirigente petrolero Juan Fernández. Por su parte, Henry Ramos Allup, presidente de la coordinadora opositora Acción Democrática, alertó al presidente editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, quien podría ser encarcelado en las próximas horas. "Miguel Henrique Otero de El Nacional, Federico Ravell de Globovisión, Marcel Granier de RCTV y Juan Fernández de la Gente de Petróleo (la agrupación sindical que lideró la huelga del sector), tienen que estar alertas a las acciones que el gobierno tomará contra ellos", agregó. Para Allup, estas acciones corresponden a una "arremetida feroz del gobierno. Mi misión es alertar a las personas que están en la lista de fusilamiento jurídico del gobierno", terminó.
La Ciudad
