Villa Constitución. - "Hemos comenzado a ordenar las cosas en cuanto a la actividad pesquera y entonces resulta hasta casi lógico que se generen conflictos", sostuvo el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, Aníbal Vázquez, luego que el accionar de la cartera a su cargo fuera severamente cuestionada por directivos del frigorífico pesquero El Timón SRL.
Precisamente, desde la tarde de anteayer y por tiempo indeterminado un vehículo de la Secretaría de Medio Ambiente con cuatro funcionarios y un móvil de la guardia rural Los Pumas (a los que ayer se sumaban dos patrulleros policiales) permanecen en la entrada de la planta industrial de El Timón "para impedir que allí se cumplan tareas de acopio de pescado".
"No me parece que sea un control excesivo, simplemente estamos cumpliendo las funciones que nos competen", consideró el funcionario, y explicó: "El señor Roberto Mendoza (gerente de El Timón) tiene suspendida su licencia de acopio por infracciones reiteradas y por lo tanto esa empresa no puede desarrollar tal actividad. De todas maneras, estas supuestas irregularidades deberán ser determinadas por un juez, porque el expediente está en la Justicia".
Según explicó Vázquez, la ley provincial que regula esta actividad tiene 40 años de vigencia y sus resultados "fueron pobres", lo que provocó que esa falta de visión estratégica de la provincia a través de los años desembocara en una crisis de la fauna ictícola del río Paraná.
"Los manejos irresponsables por parte de algunas empresas pesqueras, fundamentalmente en lo referido al sábalo, llevaron a esta situación. Desde la sanción de la ley de emergencia hídrica hemos intensificado los controles, sobre todo porque estamos convencidos de que la pesca comercial puede ser desarrollada en forma sustentable, de una manera socialmente justa y que perdure en el tiempo", señaló Vázquez.
En el marco de los controles que la Secretaría de Medio Ambiente efectúa sobre la actividad pesquera y sus posteriores consecuencias, el titular de esa cartera precisó que actualmente hay nueve empresas o personas con sus licencias de acopio suspendidas, en tanto otras 38 operan normalmente.
En relación a las divergencias reglamentarias que aún subsisten con la provincia de Entre Ríos -un reclamo recurrente de los acopiadores que operan en ambas provincias-, el funcionario aseguró que se han registrado avances en cuanto a la unificación de las normas vigentes. Algunas de estas coincidencias será el establecimiento de cupos de acopio de 10 mil toneladas anuales por empresa y el cierre del registro de acopiadores.
Sin embargo, las medidas de las piezas aún siguen siendo disímiles. En tanto en Santa Fe se exige una medida mínima de 40 centímetros de longitud para los sábalos extraídos, en Entre Ríos es sólo de 30.
"Lo que estamos haciendo es simplemente controlar para que se cumplan las normativas vigentes", concluyó Vázquez.
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La Ciudad
