El campo cierra filas y mete presión al gobierno en torno a la controvertida problemática fiscal. Las empresas exportadoras de granos y manufacturas de origen agropecuario fueron ayer las primeras en mostrar los dientes al frenar abruptamente la liquidación de divisas en reclamo por los reintegros adeudados, mientras que las entidades más representativas de los hombres de campo amenazan con tomar medidas en los próximos días de no lograr imponerse con algunas modificaciones en la reforma tributaria que está en el Congreso, que podrían afectar al circuito de producción y comercialización.
El sector exportador, que liquidó divisas un promedio de 25 millones de dólares por día durante el último mes, frenó ayer en seco y se desprendió sólo de 4,9 millones de dólares.
Los operadores del circuito granario reconocieron que se trata de una "señal" del sector hacia el gobierno para que tome nota sobre el "malestar" que existe ante las demoras oficiales en los reintegros de IVA que el gobierno mantiene con los exportadores.
Directivos y empresarios del agro señalaron ayer que la deuda de arrastre, sólo por ese concepto, trepa a los 1.500 millones de dólares, además de "otros 150, 160 millones" correspondientes al denominado "factor de empalme o de convergencia", creación del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. En tanto, los frigoríficos exportadores reclaman otros 250 millones de dólares adeudados.
En ese sentido y al fracasar los primeros intentos de negociación entre los productores rurales y el gobierno para reducir la presión fiscal sobre las actividades primarias del campo y el sector manufacturero, así como para poner en marcha un índice de ajuste por inflación -aplicable a la liquidación "real" del impuesto a las ganancias-, no se descarta que se demuestre de modo más frontal la protesta desde la cadena comercial sectorial.
En el ámbito del comercio granario local, ayer se barajaba la posibilidad de realizar un lock out de la producción y la comercialización, como forma de protestar contra la decisión férrea del ministro de Economía, Roberto Lavagna, de no efectuar concesiones especiales a los agentes del sector agrícola dando marcha atrás, por ejemplo, con la reducción del 50 por ciento dispuesta para el IVA que grava las ventas de granos y oleaginosas.
Posible lock out
La posibilidad de un lock out está "latente", dijeron ayer operadores granarios de la plaza física local, anticipando una decisión que posteriormente compartieron desde la dirigencia del campo con representación nacional, desde donde se evaluaban distintas alternativas para llevar a cabo la protesta.
En ese sentido, se comentó que los plazos comenzarían a definirse hoy, luego de una reunión que mantendrá la totalidad de los representantes de la cadena agroempresaria tras reunirse con el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, quien encabezará el encuentro con las entidades para intentar lograr consenso en la definición de un nuevo esquema tributario.
La reunión tendrá tres temas centrales de discusión: un IVA diferenciado del 10,5%, un nuevo régimen de retenciones de este gravamen en función de la reducción de la alícuota y el impuesto a las ganancias, donde los hombres de campo presionan para incluir el denominado ajuste por inflación.
Según estimaron asesores del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Haroldo Lebed, "existiría suficiente consenso para que mañana (por hoy) queden definidos estos temas, aunque podrían quedar algunas cosas por limar".
"Es importante para todas las partes involucradas definir estas cuestiones lo antes posible", sostuvieron las fuentes, que agregaron que "se están buscando disposiciones futuras que tengan consenso" y resaltaron que "el modelo técnico no es una foto sino una película que tiene que convenir a todos los actores".
Los productores consideran que un IVA para el agro del 10,5% les generará saldos favorables de difícil disponibilidad, es decir, que no puedan ser computados como crédito fiscal.
En caso de que se acuerde que dicha alícuota es neutral, las partes deberán abordar un nuevo régimen de retenciones del IVA, ya que el actual se efectúa sobre la base del 21%.
Por otra parte, los productores piden el ajuste por inflación de la liquidación del impuesto a las ganancias, ya que sostienen que los niveles de de este gravamen en la actual coyuntura los obligaría a desprenderse de capital.
En este sentido, el gobierno se mantiene en la postura de reducir de la alícuota del impuesto del 35 al 30%, y un mecanismo de compensación para el primer semestre del año pasado como consecuencia de la volatilidad de los precios.
La Ciudad
