Sergio Roulier / La Capital
¿Será posible? Otra vez la reactivación del puente a Victoria está demorada. Y ahora es por una cuestión de la concesionaria. El jueves pasado no se firmó el convenio entre el ministerio de Economía de la Nación y la empresa para el primer envío de la partida que el Estado pondrá para terminar la obra, tal como estaba previsto. Según parece, Puentes del Litoral no ha solucionado un litigio judicial con uno de sus contratistas y tiene sus cuentas embargadas. Y no hay garantías de que el dinero llegue a destino.
Esto fue confirmado a La Capital por una fuente oficial del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y dos del gobierno provincial. Es más, existe una enorme preocupación en el seno del Ejecutivo santafesino y esta tarde, en Rosario, el vicegobernador Marcelo Muniagurria dará un informe sobre la situación del puente, entre otras obras de infraestructura de la provincia.
También hay rumores de que la concesionaria, ante este nuevo inconveniente, tomaría la decisión de habilitar la ruta en mayo próximo utilizando fondos propios. Esto es algo que debería haber hecho desde que se le cayó un crédito externo y que ahora estaría obligada a concretar para no seguir manteniendo una estructura a punto de terminarse y empezar a recaudar con el peaje.
El presidente Eduardo Duhalde ya firmó un decreto de necesidad y urgencia que habilita 51,6 millones de pesos en concepto de préstamo para terminar el Rosario-Victoria. No obstante, Economía tenía que firmar un convenio con la empresa para la transferencia de la primera parte del dinero, 10 millones de pesos. Y los privados no se presentaron.
Esto obedecería a que Puentes del Litoral mantiene un conflicto judicial con el consorcio holandés Boskalis-Ballast, que levantó los terraplenes, por 35 millones, y aquí está el meollo del conflicto: para la concesionaria la deuda es en pesos y para los contratistas en dólares. Esto se dirime en la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional.
Las cuentas de Puentes estarían embargadas por los holandeses y no hay garantías de que el dinero a aportar por el Estado vaya a cubrir esa deuda en lugar de ir a la obra, a pesar de la caución impuesta por el gobierno nacional sobre esos fondos.
Los europeos ya le habían hecho conocer esta situación varias veces a la Nación, que también fue advertida desde distintos sectores. Pero hasta ahora los funcionarios siempre habían dicho que ese conflicto nunca podría trabar la solución diseñada por el gobierno nacional. . . hasta ahora.
El adelanto financiero que ofrece el Estado tiene una caución, pero es para que la empresa no le dé otro destino. Por lo tanto, según una fuente del Occovi, Puentes del Litoral deberá acordar con los contratistas o garantizar que los fondos a poner por el Estado no vayan a otro destino. Si no es así, no habría convenio.
Esto enciende una luz amarilla para ver concretada una solución.Falta un mes para que se cumpla un año de la paralización total de los trabajos. La conexión vial está ejecutada en un 92 por ciento y sólo falta pavimentar unos 25 kilómetros para que se pueda habilitar la ruta, por lo menos.
La nueva demora ha inquietado a las máximas autoridades del Ejecutivo santafesino. Y hoy habrá una definición sobre los pasos a seguir. Tienen claro que ahora la pelota la tiene la empresa, que deberá solucionar los problemas con sus contratistas.
Existe una fuerte versión acerca de una idea que ronda entre los directivos de las dos empresas extranjeras (la italiana Impregilo y la alemana Hoechtief) que integran el grupo Puentes del Litoral. Y consiste en aportar los fondos necesarios -entre 12 y 15 millones de dólares- para terminar la pavimentación de la ruta y la construcción de la estación de peaje.
Aunque esta alternativa cause asombro teniendo en cuenta que la empresa peleó por el subsidio, un ingeniero vinculado al control de la obra especuló: "Los europeos no quieren seguir gastando más en el mantenimiento que exige una obra paralizada como esta, buscan recuperar lo ya invertido y apuntan a que se inaugure la conexión para empezar a recaudar".
Esta es su obligación, desde que en marzo pasado decidieron no invertir un peso más ante la caída de un crédito y los cambios económicos en el país.
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