Hernán Lascano / La Capital
Ahora que el sumario está listo y las sanciones delimitadas parece confirmarse lo que este diario presagiaba hace cuatro meses: que las penalidades quedarían circunscriptas a los que estuvieron dentro de la comisaría. Y no a los niveles institucionales que, de una manera vergonzosa por acción u omisión, no movieron un pelo por investigar hasta que el estruendo público lo hizo inevitable la mañana del 26 septiembre, cuando la mayoría de la gente se anotició leyendo el diario de un acto estremecedor y aberrante en una dependencia policial.
Durante 21 días, los que transcurrieron desde la detallada denuncia de la víctima hasta que el diario lo publicó, ningún policía de la 1ª fue apartado de su cargo. Es decir que los tres hombres que hoy están presos por violación siguieron en el mostrador de la seccional de Barrio Martin atendiendo al público. Eso, como lo admitieron sus mismos responsables, ocurrió en el absoluto conocimiento de la máxima jerarquía de la Unidad Regional II. Mientras el caso no estuvo en boca de todos, por tanto, el polvillo se escondió bajo la alfombra.
La UR II no separó a nadie pese a que, por el régimen laboral que imperaba en la 1ª en julio pasado, sólo 10 de los 44 policías podían estar implicados en la acusación, lo que habría permitido una demarcación de sospechosos y evitado la injusta remoción general del personal. Pero la institución policial no hizo nada y el que sabía cerró la boca de manera cómplice. Porque el efecto de la omisión, más allá de las pretensiones, es que ampararon a tres personas ahora procesadas por violar a una adolescente en banda, en una oficina pública, portando armas y en ocasión del cumplimiento de sus funciones. Es difícil no ceder a la amarga impresión, por tanto, de que si el caso no llegaba a los medios estas tres personas seguirían cada día enfundandose en sus uniformes para cumplir sus funciones usuales.
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La Ciudad
