El sumario administrativo que realizó la Unidad Regional II por la violación de una menor en el interior de la seccional 1ª, ocurrida el 26 de julio del año pasado, transita en la Jefatura de la provincia sus últimos pasos. La resolución del expediente policial pide la cesantía de seis policías, tres de los cuales ya fueron procesados por la Justicia como autores materiales del delito sexual. También requiere la imposición de días de arresto para otro dos agentes.Y un apercibimiento severo para el ex subjefe de la dependencia. Asimismo, para el por entonces titular de la comisaría, el instructor de la causa supedita la sanción a lo que dicte el fallo de la Justicia ordinaria.
El dictamen de la investigación que hizo la policía está actualmente en manos del titular de la fuerza provincial, comisario general Ricardo Milicic, y sus asesores letrados, quienes deberán corroborar lo instruido y elevarlo al Ministerio de Gobierno santafesino para que mediante un decreto resuelva las sanciones. El expediente ya contaría con el aval de los asesores letrados de la Unidad Regional II y de su jefe, el comisario mayor Jorge Saúl Pupulín, quien ante una consulta de La Capital prefirió no opinar, aduciendo que aún faltan algunos trámites para que el sumario se cierre.
Las solicitudes de cesantía alcanzan al oficial ayudante Juan Manuel Morales, al oficial subayudante Fabián Patricio Ibarra y al cabo Ariel Marcelo Canelo, quienes en octubre último fueron procesados por el juez de instrucción Nº 14, Adolfo Prunotto Laborde, como autores primarios de la violación. Además, podrían ser cesanteados si se hace efectivo el pedido, el sargento Ernesto Oscar Olmedo, el cabo Cristian Ernesto Segantini y el agente Diego Mauricio Juárez. En tanto, para el sargento Carlos Puchot, la instrucción pidió 30 días de arresto y 7 días de suspensión; para la agente Gabriela Adriana Scaravilli, 20 días de arresto; y para el ex subjefe, comisario Héctor Ciribe, un apercibimiento severo. El único que queda fuera del dictamen es el ex titular de la seccional, el comisario Alfredo Porta Guardia, para quien la instrucción se allana a lo que decida el juez de la causa.
El horror institucional
El caso ocurrió el 26 de julio de 2002. Esa madrugada el sargento Olmedo, vestido de civil, detuvo ilegalmente en 1º de Mayo y 3 de Febrero a un chico llamado Ezequiel, sospechoso de cometer un robo, junto a quien estaba la chica de 16 años que después sería violada.
A la hora que ocurrió la detención, Olmedo debía estar custodiando el Concejo Municipal. Sin embargo lejos estaba del Palacio Vasallo y además le robó a Ezequiel dinero y un arma, según se desprende de la investigación. Tras ello intervinieron los policías de la 1ª que se llevaron a la pareja a la seccional de Juan Manuel de Rosas al 1300.
Una vez en la comisaría, los agentes usaron a la chica para que, mediante dos llamados telefónicos a la mamá de Ezequiel, le exigiera 200 pesos a cambio de la libertad del muchacho. Tras la negativa de la mujer, la chica fue llevada a una dependencia interna de la seccional y allí fue violada reiteradamente.
El temor y las amenazas llevaron a la menor a ocultar el aberrante hecho durante varios días. Pero el destino la llevó a cruzarse con sus agresores en la calle y la burla que estos le hicieron terminó por romper su silencio. Cuando La Capital publicó el caso, la denuncia llevaba 15 días en el despacho del juez de Instrucción Eduardo Suárez Romero, quien fue criticado con dureza por el Ministerio de Gobierno, que le cuestionó no haberle dado celeridad a la causa, de la que luego se apartó.
Entonces la investigación pasó al juez Adolfo Prunotto Laborde, quien en octubre pasado emitió un fallo en el que procesó a los tres violadores y consideró que, tanto Morales -en ese momento el superior de servicio a cargo- como sus subordinados, cometieron otra serie de delitos.
Para llegar a esa conclusión judicial fue fundamental la descripción física que la víctima hizo de sus agresores y el inequívoco reconocimiento de ellos, en rueda de detenidos, que la menor hizo en los Tribunales.
Del sumario administrativo surge que los delitos cometidos por los policía en cuestión son los siguientes: \* Al oficial ayudante Juan Manuel Morales (superior de servicio) no solo lo encuentra culpable de la violación de la menos sino que también le atribuye incumplimiento de servicio por no haber controlado al personal a sus ordenes, no controlar las anotaciones en el libro de Guardia en el cual no quedó registrado el ingreso de la pareja a la seccional y haber autorizado incorrectamente a la agente Scaravilli a que se retire de franco cuando había una mujer detenida.
* Al oficial subayudante Fabián Ibarra y al cabo Ariel Marcelo Canelo los culpa por la violación de la chica.
* Al sargento Ernesto Oscar Olmedo lo encuentra culpable del robo calificado agravado por el uso de arma de fuego al surgir de la investigación que se quedó con pertenencias del joven detenido ilegalmente en la vía pública mientras debía estar cumpliendo adicionales en el Concejo Municipal.
* Al agente Cristian Ernesto Segantini (oficial de guardia) le atribuye no haber asentado en el libro de guardia el ingreso de la pareja a la comisaría.
* Al agente Diego Mauricio Juárez (cabo de cuarto) le adjudica falta al quedar comprobado que no tomó conocimiento del número y calidad de los detenidos en la seccional, de no informar a su superior las novedades producidas y de no requisar a los recién llegados como así también no cumplir con la custodia de la pareja detenida.
* Al sargento Carlos Puchot lo encuentra culpable de incumplimiento de deberes de funcionario porque estando presente en la seccional al momento del hecho no intervino para que la violación no se cometiese.
* A la agente Gabriela Adriana Scaravilli le imputa haberse retirado de la comisaría sin permiso y durante su horario de trabajo sabiendo que allí había una menor mujer detenida que ella debía custodiar.
* Al comisario Héctor Víctor Ciribe (subjefe de la comisaría) lo encuentra culpable de una falta administrativa ya que no inspeccionó los expedientes y libros para enterarse de lo ocurrido en su ausencia.
* Al comisario principal Alfredo Porta Guardia le imputa no haber instruido la investigación del hecho ocurrido a pesar de que estuvo en conocimiento después de que la jefa de guardia del Concejo Municipal lo advirtiera sobre la detención ilegal de la que participó el sargento Olmedo.
La Ciudad
