Los aportantes al sistema jubilatorio corren serios riesgos de no llegar a cobrar en el futuro sus legítimos haberes debido a la caída de la masa de aportantes que sostiene el sistema y a la incertidumbre de los mercados financieros que rigen a las empresas del sector previsional. Por otra parte, se ensancha la franja de aquellos que no van a tener cobertura ya que los desocupados reciben subsidios estatales que no preveen el derecho a la jubilación.
En noviembre de 2002 se registró un total de 4.600.000 trabajadores aportantes al sistema previsional, valor que cayó en un 8,8 por ciento con respecto al mismo mes de 2001, según el último boletín mensual el Instituto Nacional de los Recursos de Seguridad Social (Inarss). La fuente oficial indica que la recaudación fue de 1.129 millones de pesos, lo que significa una disminución de 5,7 por ciento de lo registrado en octubre último, pero estable comparándola con la de 2001. También se señala que el régimen de capitalización disminuyó en un 47 por ciento si se lo compara con noviembre 2001, mientras que la modalidad de reparto logró un incremento de un 10 por ciento en relación a noviembre 2001.
"La relación activo aportante y pasivo beneficiario es de 1,6 por 1. En países donde se dice que el sistema está en crisis es de 3 a 1, eso significa que de no modificar la situación, el colapso no tardará mucho en llegar", dijo La Capital Eugenio Semino, ombudsman de la Tercera Edad.
"En 8 años no habrá jubilación por falta de aportantes, y hoy tenemos 500 mil ancianos sin cobertura social y cien mil más que cobran pensiones de 101 pesos, por eso son múltiples las limitaciones en prestaciones médicos sociales. Estamos ante un gerontocidio", afirmó.
En 1994, el Sistema Nacional de Previsión social pasó a ser el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Sijp, ley 24.241). Se instituyó entonces la obligación de optar entre dos sistemas: el de reparto (vigente hasta entonces) y el de capitalización, a cargo de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (Afjp).
"Así se escribió la lápida de los derechos de seguridad social al transferir del sector público al privado los aportes de los trabajadores para lograr su jubilación", indicó el titular del organismo nacional independiente y elegido por la Legislatura.
El manejo de los fondos
"Se transfirieron 11.700 millones de pesos a las Afjp. Eran fondos que no pertenecían el Estado sino a los aportantes; es un fondo de garantía del que no se dispone de un sólo acto, pero eran los que requerían los organismos extranjeros de crédito", explicó.
"En ese entonces, se discutió si privatizar o no el sistema jubilatorio pero no se analizó con qué mercado laboral contábamos para garantizar la masa de trabajadores que hiciera sus aportes". De 9,5 millones de aportantes, hoy sólo cumple el 40 por ciento de los que están inscriptos".
"En la actualidad, el sistema privado recibe el 70 por ciento de los montos jubilatorios, pero esas empresas enfrentan una delicada situación por bajas recaudaciones, mano de obra en negro, subocupación y son muchos los que evaden, como en el caso de los monotributistas".
Ya en 2000, Susana Torrado -licenciada en demografía- indicaba que "la crisis económica y la debilidad en los controles han dado lugar a una elevada evasión en el sistema previsional que compromete las renumeraciones de los jubilados presentes y futuros".
"La crisis ha llevado a que se esté discutiendo en la Secretaría de Seguridad Social la modificación del sistema. Es necesario reestatizarlo para que sea una garantía. Se debe reabrir el proceso de inscripción para poder optar realmente, ya que ahora, si el empleado no opta por una alternativa, directamente va al sector privado. Hay que destrabar la imposibilidad de volver a elegir con libertad", señaló Semino.
Además, aseguró que "las empresas privadas han tenido grandes ganancias por las comisiones que obtuvieron, cerca de 7 mil millones de pesos. Son beneficios logrados por la cantidad de aportes logrados, del monto aportado se quedan con 2 ó 3 puntos". Además, las aseguradoras de los fondos de pensión no pueden ser parte del sistema financiero. No lo son en ningún país, porque las inversiones no deben ser dependientes de los avatares del mercado. En 2001 la capitalización fue cero, la devaluación produjo que la capitalización no existiera, se aportó por nada".
"Los ajustes de la economía, la convertibilidad, instrumentadas en América latina se dieron -dijo Semino- sobre la seguridad social. En los Estados raquíticos, vaciados, sólo quedaba la recaudación de la seguridad social; su apropiación destruyó, por ejemplo, a la salud pública".
Para el gerontólogo, "esa concepción neoliberal ya ha sido desechada en todo el mundo, sólo existen diseños absolutamente privados en Singapur, Chile y El Salvador, impuesto luego que en la Argentina. En las economías desarrolladas rige el sistema de salud pública, no obstante de poder aportar a un régimen privado.
La Ciudad
