Santiago Gastaldi (*) Flavio Buchieri (*)
Luego de mucho trajinar, el gobierno, por la presión de los accionistas y a contrapelo de lo sugerido por el staff técnico del FMI, cerró un miniacuerdo financiero hasta agosto que facilita el recorrido del período preelectoral. El mini acuerdo es un pequeño paso, que patea para adelante (roll over) compromisos de corto plazo por u$s 11 mil millones con los organismos multilaterales de crédito, saca al país del default profundo con éstos, y habilita a recibir del Banco Mundial u$s 1.000 millones para los programas sociales. Estos aportes ayudan a mantener y acrecentar la llamada "administración de la calle", sobre la cual este gobierno, desde sus inicios o desde su génesis, mejor, ya tiene una especie de doctorado. El miniacuerdo no implica fondos frescos por parte del FMI, pues éstos requerirían la confección de un programa de más largo alcance y para ello debe venir un nuevo gobierno, pero la suma de todos estos elementos impulsan una tendencia a la baja del dólar. Otro hecho significativo para la evolución del dólar, es la menor represión cambiaria que instrumentó el Banco Central en las últimas semanas. Estas medidas son correctas y se fundan en la intención de ir normalizando las relaciones financieras y comerciales con el exterior. Tienen por efecto aumentar la demanda de divisas y contener así el proceso de baja del dólar, pero al mismo tiempo encierra algún riesgo alcista de desestabilización si ocurren fuertes ruidos políticos antes de las elecciones y la gente y las empresas buscan asegurar sus patrimonios yendo al mercado de cambios. Mirando los sucesos políticos recientes, donde el presidente ha demostrado un gran manejo de la interna de su partido, la probabilidad de que esto ocurra es baja. Este gobierno tiene a su favor que los Ruckauf/Moyano ya no desestabilizan: uno ya está adentro como canciller y el otro ahora cree que la defensa de los asalariados se puede hacer mejor silbando y mirando para el cielo. Las tarifas están virtualmente congeladas desde la convertibilidad, y la pesificación les ha traído a los proveedores cuantiosos quebrantos, porque cobran en pesos, sufren la inflación en pesos y muchas deben al exterior en dólares. De no mediar la autorización para modificar los valores acorde al ritmo de inflación mayorista en un tiempo razonable, la consecuencia será la pérdida continua de calidad de los servicios, cuando no la devolución de lo tomado en concesión al Estado. Las renegociaciones de tarifas que este gobierno encara implicarían reajustes entre el 7 y el 10 por ciento promedio, pero aplicables a partir de marzo. Ello ocurrirá siempre que no se dé el causal de no innovar a partir de la ley de emergencia vigente, el cual se dispara si no opera la renegociación en bloque. Ergo, las tarifas de aquí a las elecciones del 27 de abril de 2003 no se moverán, no habiendo impacto por ello ni en los precios ni en el valor de la divisa, quedando la tarea para el nuevo gobierno. Luego de cuatro meses de terror vivido al comienzo de 2002, cuando las autoridades pusieron a los bancos privados en el rol de chivos expiatorios de todos "los males del modelo", la presión internacional y un poco de mayor tino del actual ministro de Economía dieron otras posibilidades a este sector. El gobierno (en definitiva los contribuyentes) se hace cargo de la pesificación asimétrica. Los depositantes -muchos de ellos recibiendo "bonos voluntarios" en lugar de depósitos- ya han internalizado que por decisión de las autoridades fueron los "patos de la boda". La Corte Suprema tiene una relación de conflicto tan especial con los otros poderes que su temida despesificación, si llega, ya no hará mella sobre el sistema. Se está pensando en convertir el corralón de $ 14 mil millones en corralito. Si se diera este tipo de conversión de situación para los depósitos acorralados, difícilmente tendría una consecuencia sobre el precio de la divisa. ¿Qué es de esperar para los próximos meses? La búsqueda de acuerdos con los sectores de la producción para contener las alzas de precios y el poder político del gobierno, expresado entre otras cosas en la capacidad de vender la reactivación (el veranito), en el manejo del aparato partidario y en la soporización de los reclamos salariales, el gobierno no tendrá mayores sobresaltos para llegar a las elecciones con un mercado de cambios que difícilmente lo complique, al margen de cuál sea su éxito en el terreno político. (*) Economistas de Funif
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