Una nueva resolución judicial intima a a la Dirección del Menor en conflicto con la Ley, dependiente del Ministerio de Gobierno, a resolver las inhumanas condiciones de alojamiento de los chicos de menos de 18 años que se encuentran detenidos en comisarías rosarinas. El dictamen otorga un plazo de 180 días para trasladar a los internos a espacios que respondan a condiciones de vida dignas con alimentación suficiente, higiene y espacio para recreación, tal como estipulan las leyes nacionales y tratados internacionales. Y que en un sinfin de presentaciones fueron denunciadas por organismos no gubernamentales y los mismos jueces de menores a raíz de las rudimentarias calidades de alojamiento.
Con los días contados, la Dirección del Menor comenzó el año de gestión con un proyecto de obras que apuntan a la reubicación de los lugares de detención de menores. El plan, que anunció la directora del área, Mercedes Roca, es crear unas 50 plazas para alojar a los jóvenes, un número que contiene el promedio de jóvenes privados de libertad en Rosario.
El proyecto prevé recuperar el viejo edificio en el que funcionó la Policía de Menores hasta 1991, ubicado en Dorrego al 900, y realizar ampliaciones en el Instituto de Recuperación de Adolescentes Rosario (Irar).
La medida que ahora emplaza a la Dirección del Menor fue impulsada en mayo del año pasado por un informe realizado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario. El documento denunciaba que los jóvenes reciben alimentación insuficiente y se encuentran alojados en penales oscuros, húmedos, sin pintura, sin ducha en los baños y sin elementos de higiene tanto personal como para el aseo de las celdas. Todas esas características, compartidas por las seccionales 2ª, 4ª, 21ª. La suciedad, la alimentación insuficiente y la falta de mantenimiento edilicio también alcanzaban al Irar, ubicado en Saavedra y Cullen.
Pero el informe cuestionaba principalmente el accionar de los jueces, a quienes les reprochaba "una falta de control absoluta" de los penales. La acusación recibió una indignada respuesta de los magistrados, a pesar de lo cual coincidieron con la descripción de las condiciones que padecen los menores.
La discusión movilizó a la Defensoría de Cámaras, que envió a los asesores de menores a recorrer las seccionales donde corroboraron el hacinamiento, la insalubridad, las deficiencias de alimentación y la falta de higiene. Ese nuevo informe originó otro pedido "para hacer cesar tan injusta e insostenible situación".
A partir de esa nota, el juez Juan Leandro Artigas ordenó al gobierno que reubique a los menores en forma "urgente" e intimó a reacondicionar el Irar en 15 días. Fue el 12 de julio pasado. Como respuesta inmediata, los menores fueron trasladados de la seccional 2ª a la 6ª y de la 11ª a la 4ª.
El grito de urgencia se reiteró otra vez el 31 de enero, durante la feria judicial, con un emplazamiento de 180 días para concretar la medida. La inacción de las autoridades del área mantuvo la "insostenible situación" de los detenidos durante otros ocho meses.
Obras en proyecto
La respuesta a las exigencias del Poder Judicial son la remodelación del penal de Dorrego al 900, en un plazo estimado 60 días desde su comienzo, y la ampliación del Irar, que calcula unos 90 días de trabajo.
El plan de la Dirección del Menor plantea que en el penal de calle Dorrego pueda alojar con comodidad a unos 35 internos. Roca señaló que el edificio, donde ahora se encuentran detenidos entre 40 y 45 adultos, "está en buen estado". Aunque prevé modificaciones para apuntalar la seguridad del edificio, uno de los puntos que provocó su clausura 12 años atrás.
Otro punto crítico del penal fue la queja de los vecinos por la cantidad de gente que se reunía los días de visita. Esa concentración prometen que será evitada con la separación de los días para el ingreso de familiares por pabellones.
Los cambios, estimó la funcionaria, podrían realizarse en dos meses. Y prevé además el traslado de los mayores a otro sitio, que sería la Alcaidía de la Jefatura, en Ovidio Lagos al 5300.
Las otras 20 plazas que proyecta la Dirección del Menor requiere una tarea de ampliación en el terreno que circunda al Irar. Roca señaló que el presupuesto de la obra pasó a Obras Públicas para su evaluación y cuenta con el aval que le brinda el decreto que establece la emergencia carcelaria para su concreción.
Roca indicó que el tiempo de obra para la ampliación del Irar está estimada en 90 días. Mientras los informes siguen su curso, las comisiones los evalúan y los funcionarios hacen proyectos, un total de 47 chicos permanecían ayer detenidos en las mismas seccionales, sin cambios en las condiciones que denunciaron los organismos estatales y no gubernamentales. Por 180 días más, al menos.