El gobierno santafesino decretó ayer en "emergencia agropecuaria y desastre agropecuario" a amplias zonas de explotación agrícolo-ganaderas afectadas por exceso de lluvias y anegamientos temporarios. Mediante el decreto 008/03, el vicegobernador Marcelo Muniagurria -a cargo del Poder Ejecutivo- dispuso la declaración de la emergencia hasta el 30 de junio, a partir de informe elevado por el Magic.
La medida indica en sus considerandos que en "numerosos distritos de los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal, Las Colonias, San Jerónimo, Vera, Iriondo, Caseros y General López se han producido intensas y copiosas lluvias concentradas en muy pocos días que superan los registros promedio de los últimos años".
Además menciona que a ese hecho "debe sumarse el devastador efecto de los desplazamientos superficiales de masa líquida, la salida de cauce de los cursos naturales de agua y el ascenso y afloramiento de la napa freática".
Esos fenómenos provocaron el anegamiento de una gran cantidad de predios rurales, afectando seriamente cultivos de soja, maíz, sorgo, girasol, algodón, praderas de base alfalfa y pasturas naturales en los que se registran pérdidas que varían entre un 50 y un 100 por ciento.
Otro perjuicio es la evacuación de hacienda hacia zonas más altas, lo que determina aumento de gastos de traslado, pastaje, pérdida de peso y mortandad de animales jóvenes.
También perjudicó la producción individual de tambos, con pérdidas de hasta el 60 por ciento en las áreas donde la situación es más comprometida.
Por esas razones, Muniagurria firmó un decreto retroactivo al 1º de enero disponiendo la emergencia a decenas de explotaciones ubicadas en varios departamentos, algunas de las cuales también fueron beneficiadas con la declaración de desastre.
Los productores deberán completar un formulario de declaración jurada en la comuna o municipalidad del distrito, que será tomado como base para la emisión de la certificación especial que será extendida por el ministerio para acreditar su situación.
Además, se suspenderá por 180 días después de finalizado el período de emergencia agropecuaria la iniciación y sustanciación de los juicios y acciones administrativas iniciadas por el cobro de impuestos.
La medida había sido solicitada por los dirigentes de la Confederación de Asociaciones Rurales (Carsfe), entre ellos su titular, Luis Lazzaroni.
"El sector agropecuario de la zona norte de la provincia está muy preocupado, la situación es muy difícil no sólo por toda el agua caída, sino también por la que entra desde provincias vecinas", indicó Lazzaroni.
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La Ciudad
