Los organismos multilaterales de crédito comenzaron ayer a poner en marcha programas de financiamiento destinados a Argentina, derivados del acuerdo de refinanciación de deudas alcanzado entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El FMI acreditó ayer 1.027 millones de dólares correspondientes a un programa stand by (sujeto a condiciones) aprobado el viernes por la institución, mientras que el Banco Mundial (BM) aprobó un préstamo por 600 millones de dólares destinado al plan de Jefas y Jefes de Hogar.
Se trata del primer desembolso del FMI para hacer frente a los créditos impostergables tomados por Argentina por 2.980 millones de dólares, como parte del programa por 6.780 millones de dólares en total aprobado por el directorio de la entidad.
Con este giro, Argentina puede cubrir lo que pagó hace diez días con sus reservas por un vencimiento de 1.056 millones de dólares, lo que permitió destrabar las negociaciones.
Los desembolsos previstos dentro de la parte del programa por 2.980 millones de dólares se realizarán además en marzo, mayo y agosto por 311 millones de dólares cada uno, mientras que en julio el monto previsto asciende a 1.031 millones.
El portavoz del Ministerio de Economía, Armando Torres, dijo que a su vez el directorio del Banco Mundial votó el crédito para Argentina "por unanimidad y sin abstenciones", y precisó que Buenos Aires deberá reembolsarlo entre octubre de 2007 y abril de 2016.
Torres confirmó que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, recibirá hoy la visita del vicepresidente del Banco Mundial, David de Ferrantis. El compromiso será firmado en Buenos Aires por De Ferrantis, que se reunirá en la con el presidente Eduardo Duhalde y su ministro de Economía. El préstamo de 600 millones de dólares del BM está destinado al plan de jefas y jefes de hogar.
Duhalde dio explicaciones
En simultaneidad con los desembolsos, el presidente Eduardo Duhalde debió salir a explicar ayer aspectos de el memorándum de entendimiento difundido el lunes como anexo a la carta de intención celebrada con el FMI, en especial en lo referente al futuro de la banca pública y las modificaciones impositivas.
Duhalde rechazó que la apertura a la capitalización de la banca pública devenga en su privatización, como se estableció en la carta de intención y aseguró que no elevará ningún proyecto de creación o modificación de leyes al Congreso que signifique un aumento impositivo tras la firma del acuerdo con el organismo internacional.
"La interpretación de que capitalizar es privatizar un banco no sé de donde la sacan", sostuvo el presidente, quien indicó que "en marzo se exigía la privatización de los bancos públicos y (ahora) se terminó por conformar una comisión para analizar entre otras cosas la capitalización de los bancos públicos".
De esta manera, el jefe de Estado se refirió a la inclusión en el acuerdo del inicio de trámites, estimado para febrero, para que empresas contables internacionales y consultores procedan a "una revisión estratégica" de los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires (Bapro) y Ciudad de Buenos Aires.
Tras esto, se definirá "el futuro rol estratégico de los bancos públicos, incluyendo decisiones sobre capitalización a través de la emisión pública de acciones", tal como se indicó en el Memorándum.
El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, aclaró que el Poder Ejecutivo "está ajeno de inmiscuirse" en las decisiones que tomará las autoridades del Banco Provincia y del Banco Ciudad, aunque aclaró que el acuerdo con el FMI alcanza a toda la banca pública. Horas antes se habían escuchado las voces críticas del gobernador bonaerense Felipe Solá e integrantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Una de las posibilidades podría ser que comiencen a cotizar en la Bolsa de Comercio, según reconocen en el ámbito gubernamental.
En tanto, Duhalde desechó que vaya a enviar algún proyecto de creación o modificación de ley al Congreso que modifique la estructura tributaria. En el memorándum se precisó que el Congreso volverá a tratar en febrero la legislación para suspender los planes de competitividad restantes para agro, transporte y medios, y para fines de marzo de 2003 es "intención" del gobierno eliminar todos estos programas, lo que significará un incremento de impuestos para los sectores antes beneficiados.
Además, señala que se elevará al Congreso la legislación para convertir el impuesto al combustible sobre base "ad valorem", y la eliminación de la exención del tributo a las ganancias para los reintegros a la exportación.
"No, no tiene que ir absolutamente nada al Congreso, todo lo que se envió el año pasado, antes del acuerdo, es lo que tenemos que sacar del Congreso, no hay nada nuevo, ninguna ley irá al Congreso a partir de este acuerdo", aseguró Duhalde.
Asimismo, destacó que "una cosa es el (acuerdo) que se firmó" con el Fondo "y otra el que se quería hacer firmar en marzo" de 2002, y aseguró que "tanto no le doblaron el brazo a ministro" de Economía, Roberto Lavagna.
Duhalde remarcó que al acuerdo "el Fondo lo firmó un poco por imposición del Grupo de los Siete (G-7), donde tuvo mejor recepción el modelo no de ajuste tras ajuste, sino basado en una alianza con el sector productivo".
La Ciudad
